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Secretaría Anticorrupción

En los últimos decenios cada gobierno ha creado su propia Secretaría Anticorrupción. El objetivo: luchar contra la corrupción, el peor cáncer invasivo, tan pero tan enraizado en Ecuador.

Con la Constitución vigente se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una de sus funciones se relaciona con aquella finalidad.

Pero algunos de sus presidentes se fueron por cometer actos dolosos. Uno de ellos paga una condena en la cárcel.

Ahora mismo, es notoria la lucha política encarnizada en la Asamblea Nacional para asumir el control de esa cuestionada institución y manejarla al arbitrio de los intereses de quienes persiguen ese fin.

La Contraloría, llamada a precautelar el correcto manejo de los fondos públicos, es víctima de las trapacerías cometidas, en su momento, por dos de sus titulares.

Uno de ellos debe rendir cuentas a la Justicia de los Estados Unidos, donde habría lavado el dinero sucio producto de millonarias coimas recibidas en Ecuador.

El otro está procesado en el país por “delincuencia organizada”, es decir haberse asociado con otros para recibir coimas.

En ese contexto, el presidente Guillermo Lasso crea la Secretaría Anticorrupción, cuyo titular es Luis Verdesoto, un ciudadano comprometido con la transparencia.

Asegura tener una estrategia de combate a la corrupción con apoyo de la Usaid, Naciones Unidas y la Corporación Alemana.

Tiene diez atribuciones. Una de ellas, diseñar un sistema nacional de integridad pública y anticorrupción en el sector público. Igual, incluir mecanismos cuyo fin sea alertar a tiempo el cometimiento de potenciales casos de corrupción.

La intención es alentadora. Pero los resultados demostrarán la buena fe, el compromiso real de sacar a la luz pública aun la mínima mañosería.

Los ecuatorianos reclaman porque los dineros robados al Estado no se recuperan. Si bien la responsabilidad es de la Justicia, es necesaria la decisión firme del gobierno con hechos y certezas. Ojalá la nueva Secretaría coadyuve para ese propósito.

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