Los legisladores fueron notificados de que se ha iniciado en su contra una investigación
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Quito.- Los 91 asambleístas que aprobaron el cambio del orden del día para incluir la Comisión Multipartidista que investigará a Guadalupe Llori serán investigados por la Fiscalía General del Estado, que ayer les notificó sobre el inicio de una instrucción fiscal.
Según informó Diana Salazar, fiscal general del Estado, la denuncia fue colocada por Llori el 26 de abril por el presunto delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, es decir, apenas el pleno aprobó la moción para investigarla.
“La Fiscalía ha iniciado una investigación previa, que es una fase preprocesal que permite recabar elementos de cargo y descargo, con la finalidad de descubrir si se ha cometido o no un delito. Es importante que los ecuatorianos tengan claro que esta Fiscalía no ha interferido, ni interferirá en ninguna de las otras funciones del Estado”, aclaró Salazar.
La puntualización de la fiscal se da por las críticas que recibió de los asambleístas investigados. Marcela Holguín (correísta de UNES) la acusó de actuar con “agilidad” cuando se trata de acusar a los legisladores de oposición al Gobierno, pero no tener el mismo proceder para investigar a quienes son víctimas de la delincuencia.
“La Fiscalía tiene la obligación de investigar todas las denuncias presentadas por los ciudadanos, no tiene la capacidad de decidir si las acepta o no, porque ahí sí estaría incumpliendo sus funciones, al negarle el acceso a la justicia (…) es necesario hacer de forma enfática esta aclaración ante los comentarios infundados, malintencionados y sin base jurídica que han circulado, con la clara intención de confundir a la opinión pública e involucrar al sistema de justicia en una pugna política”, aclaró Diana Salazar.
Darwin Pereira (Pachakutik) coincidió con la fiscal en que la investigación se debe realizar, como lo manda la ley, pero aclaró que esto no significa que se les está acusando de algo.
“Es un trámite que se tiene que atender, lamentablemente la justicia tiene que verse abocada a atender procesos políticos, cuando el aparataje estatal debería estar abocado a perseguir a la delincuencia”, recalcó el legislador.
Este es el cuarto mecanismo legal que Llori ha empleado para evitar su destitución. El primero consistió en la solicitud de medidas cautelares, que le fueron otorgadas, para evitar que se trate en el pleno la conformación de la Comisión Multipartidista.
Luego, cuando cinco miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) intentaron admitir las denuncias en su contra los denunció ante la Fiscalía, por arrogación y usurpación de funciones. Posteriormente solicitó una acción de protección por esta misma causa.
En todas estas acciones, Llori ha empleado para su defensa a Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea, quien ayer en cambio aclaró que para que los 91 legisladores se defiendan, sí deberán contratar su propio abogado.
Se agotó el tiempo para la conciliación
Los cinco días que la jueza Raquel Herrera, de la Unidad Judicial de la Familia en el norte de Quito, otorgó para que concilien la presidenta de la Asamblea y los cinco integrantes del CAL contra los que Guadalupe Llori interpuso una acción de protección se agotaron, por lo que la audiencia se realizará el próximo martes.
El miércoles, Llori citó a los miembros del CAL para conciliar, pero tras 15 minutos de espera los señaló por dejarla plantada y puntualizó que sus verdaderas intenciones son “destituirla ilegalmente”.
Sin embargo, aunque los asambleístas acusados llegaron tarde, a su arribo a la reunión, ella no les permitió entrar. El jueves fueron los legisladores los que la citaron a ella, quien esta vez no apareció, llevando la situación a instancias legales. (ASM)-(I)
