Las autoridades señalan a los jueces por otorgar beneficios sin considerar todos los factores
–
El juez Aquiles Dávila, de la Unidad Judicial Penal del sur de Guayaquil, fue el responsable de otorgarle el habeas corpus al cabecilla de la banda Los Lobos, alias ‘Anchundia’, quien con su traslado a la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas desencadenó una nueva masacre carcelaria.
Así lo señalaron las autoridades nacionales, quienes responsabilizaron a los magistrados por tomar estas decisiones sin considerar la peligrosidad del reo y los daños colaterales.
“Las decisiones judiciales no nos dejan administrar los centros de rehabilitación acorde al nivel de peligrosidad del privado de la libertad, de acuerdo con el nivel de seguridad”, afirmó Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional.
Hasta la tarde de ayer, la Fiscalía confirmaba el asesinato de 43 detenidos, que cumplían su pena en el área de máxima seguridad y pertenecían a un brazo que se desprendió de la banda Los Lobos, y se denominaron los R7.
Así que sus asesinos habrían sido sus excompañeros. Además, 220 detenidos se fugaron; solo 112 fueron recapturados hasta el último reporte.
Según relató Patricio Carrillo, ministro del Interior, todo se originó el 3 de abril pasado en la cárcel de Turi, en Cuenca, cuando la misma banda Los Lobos protagonizó una masacre que le costó la vida a 20 personas.
Como medida disciplinaria, el Gobierno tomó la decisión de trasladar a los cabecillas, entre ellos alias ‘Anchundia’ a la cárcel de máxima seguridad denominada La Roca.
Fue entonces que los reos decidieron activar una medida que tomó fuerza en los últimos días y que los jueces les han otorgado a cabecillas de otras bandas e incluso al exvicepresidente de la República, Jorge Glas.
Se trata del habeas corpus, con el que se puede lograr, desde salir libre, pese a tener una sentencia ejecutoriada, hasta ser cambiado de centro penitenciario a su antojo.
Esto último es lo que ocurrió con alias ‘Anchundia’, quien se negó a permanecer en La Roca y pidió ser trasladado a la cárcel Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas, lo cual, según Carrillo, desencadenó en los actos de violencia que se produjeron la madrugada de ayer.
Como alias ‘Anchundia’, 273 detenidos más, que se encontraban en Turi, se beneficiaron de los habeas corpus solicitados. 124 de estos reos pidieron y se les otorgó el traslado a Santo Domingo.
En este tema los jueces solo consideraron el supuesto peligro que enfrentaban los detenidos, pero no lo que su llegada a este centro penitenciario provocaría e incluso pasaron por alto el hacinamiento que ya existe en el sitio.
“Lo que se vivió hoy fue una crueldad de esta organización criminal, que hace un mes perpetró los mismos hechos en Azuay, pero en Cuenca hay impunidad en la administración de justicia por esos incidentes”, afirmó el ministro, quien recalcó la poca agilidad de los jueces para sancionar a quienes participaron de la masacre en Turi. (ASM)-(I).
Soluciones necesarias
En el otorgamiento de habeas corpus, que permite el traslado de los reos a cárceles que ellos deciden, no se toman en cuenta, según señaló el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ni su peligrosidad, ni la pena por la cual fueron sentenciados e incluso si han participado en masacres anteriores; pues su disciplina no es un punto considerado por los jueces, lo cual, según la autoridad, requiere de una reforma legal.
Para el constitucionalista Ismael Quintana, mientras se realiza la reforma legal, que seguramente tardará en la Asamblea Nacional, los límites del habeas corpus los puede establecer la Corte Constitucional para evitar que este derecho sea mal empleado por los jueces, pues considera que no está delimitado para algunos casos.
Además, el Gobierno anuncia una inversión en las cárceles de USD 1.200 millones a partir del 2023 y el ingreso, a partir del próximo junio, de 1.400 agentes penitenciarios.
