La seguridad nacional, ni se diga la seguridad ciudadana, se sustentan en sus Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Así lo establece la Constitución de la República.
En el caso de las Fuerzas Armadas, su credibilidad siempre estuvo en los picos más altos de las encuestas.
No es para echarlas de menos, pues sería un craso error. Pero llama la atención la información difundida este lunes con relación al atentado contra el radar instalado en el cerro de Montecristi para detectar narcoavionetas.
El país intuyó las razones esgrimidas por quienes, incluso con paralizaciones y a pretexto de proteger la naturaleza, se opusieron a dicha instalación.
La decisión política del gobierno nacional, incluso decretando el estado de excepción, al final de impuso.
Nadie en su sano juicio puede oponerse al control del narcotráfico cuya alevosía convirtió a ciertos lugares inaccesibles de Manabí en narcopistas.
A pocos días de instalado se produjo un atentado contra el radar. Sobrevino una serie de elucubraciones.
La Policía Judicial de Montecristi, según se conoció este lunes, envió un informe a la Fuerza Aérea Ecuatoriana alertando el atentado.
El Ministerio de Defensa integró una comisión especial para investigar el suceso. Parte de sus conclusiones sería el referido informe.
Al parecer, la alerta pasó desapercibida si bien la comisión habló de irregularidades, violaciones legales y de negligencias al momento de desplazar e instalar el radar.
Acaba de ser relevado el alto mando militar, incluyendo el comandante de la FAE. Lo narrado sería una de las razones para la remoción dispuesta por el presidente Guillermo Lasso, si bien edulcorada con la expresión “mal manejo” de las operaciones cuyas consecuencias fue el “grave daño al sistema de defensa aéreo del país”.
Independientemente de las conclusiones del informe, llama la atención la indisposición de la FAE para pasar por alto la alerta hecha por la Policía Judicial.
En el combate al narcotráfico, o están todo todos, o no está nadie. Y todos hablando el mismo idioma.
