800 alarmas se han generado en las cárceles en 2022

Soldados vigilan hoy la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas (Ecuador). Al menos dos presos fallecieron y otros cinco resultaron heridos este lunes en un nuevo amotinamiento ocurrido en Ecuador, esta vez en la cárcel de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas (centro), según informó el ministro del Interior, Patricio Carrillo. EFE/José Jácome

Lo sucedido en la cárcel de Bellavista, en la provincia de Santo Domingo, donde fueron asesinados 44 reos, fue advertido con anticipación.

Sin embargo, hubo errores, por los que se investiga a los guías penitenciarios que estuvieron a cargo, confirmó Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

Según Ramírez, solo en lo que va de 2022, en el Sistema Penitenciario han recibido 800 alertas de amotinamientos o fugas. Se emiten principalmente cuando se trasladan a lo presos. Es lo que pasó en el caso de Santo Domingo, después de que un cabecilla de la banda Los Lobos fue llevado a este lugar desde la Roca, en Guayaquil.

Sin embargo, el director de la SNAI recalcó que el operativo, aunque solo funcionó a medias, puesto que les costó la vida a 44 personas, también salvó a más de 150 porque fueron trasladados.

Advirtió que hubo acciones y omisiones de los guías penitenciarios a cargo del cuidado de la cárcel, por lo cual están siendo investigados.

Pero sancionar a los guías no es tan fácil. De los 91 actos administrativos que se iniciaron en 2021 por acciones de corrupción e indisciplina, solo se aplicó sanciones a seis uniformados.

Según explicó Ramírez, pese a que se les encuentra con la evidencia en las manos, consiguen de la justicia medidas cautelares, acciones de protección, mediante las cuales regresan a sus cargos.

“El sistema jurídico es lo que no nos permite tener la gobernanza y la gobernabilidad de los centros”, puntualizó el director del SNAI.

Dijo que espera presentar ante la Asamblea Nacional una serie de reformas que incluyen un nuevo régimen disciplinario para los guías penitenciarios y el establecimiento de parámetros para el traslado de presos, para evitar la discrecionalidad de los magistrados.

Además, en el país también hay falta de guías. Según lo que recomienda la norma internacional deberían existir más de 4.000 uniformados, pero solo hay 1.600 para custodiar a más de 33.000 detenidos, por lo que hasta finales del 2022 se espera incorporar 1.400 más y lograr el número ideal hasta finales del Gobierno, en tres años.