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La Contraloría glosa a exfuncionarios de la Centrosur por USD 15.4 millones

Imagen del edificio de la Centrosur.

La Contraloría General del Estado (CGE) confirmó responsabilidades civiles por USD 15’453.269 para funcionarios que laboraron entre 2014 y 2019 en la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur.

«La sanción se desprende por pérdidas ocasionadas al Estado, debido a falencias y retrasos injustificados en la implementación de sistemas informáticos de administración de clientes y planificación de recursos, para empresas estatales de distribución eléctrica», informó la Contraloría este martes 17 de mayo de 2022.

Las responsabilidades constan en cuatro resoluciones confirmatorias, asegura la Contraloría: «La más alta, de USD 10’959.407, por la suscripción de una adenda que alteró las condiciones de ejecución del contrato y provocó que los sistemas no se hayan integrado a las operaciones de siete empresas eléctricas y diez unidades de negocio, de la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel)».

La Contraloría sostiene que cuatro exfuncionarios, en sus periodos de actuación, «no verificaron que el proceso se ejecute en los términos ofertados por la contratista».

También se confirmaron glosas de USD 2’483.395, «por el incumplimiento de plazos para la integración de los sistemas informáticos para la administración de clientes, planificación de recursos, manejo del contenido empresarial y el desarrollo de mejoras informáticas». El monto corresponde a multas no cobradas, por retrasos de 175 a 360 días, en la entrega de los productos.

Otra responsabilidad civil, por USD 2’010.467, «se determinó por la suscripción, sin sustentos legales y técnicos, de un contrato complementario para la implantación de un modelo de procesos operativos único, en las áreas financiera, administrativa, presupuestaria, de planificación, gestión de proyectos y recursos humanos, de las empresas distribuidoras», añade la publicación de la Contraloría.

La Centrosur puede impugnar este acto administrativo en la Contraloría General del Estado, solicitando un recurso de revisión por la vía judicial o en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

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