Bicentenario y justicia

Carlos Castro Riera

Conmemorar el Bicentenario de la Batalla del Pichincha que selló la independencia del Ecuador en circunstancias en que la administración de justicia se ve nuevamente colonizada por intereses político partidarios, lleva a cuestionar cuánto se ha avanzado en la consolidación de la forma republicana de gobierno, el Estado de Derecho y la constitucionalidad en el país.

La suspensión del ejercicio del cargo al Presidente de la Corta Nacional de Justicia (CNJ) en medio de la agudización del enfrentamiento político entre el gobierno y la oposición, la función ejecutiva y legislativa, la disputa de la presidencia de la Asamblea Nacional y de los órganos de control, la arremetida de la delincuencia organizada, el narcotráfico y los prófugos de la justicia, reviste una gravedad extrema.

De por medio está en juego nada menos que el representante de la Función Judicial y si bien no existe servidor público exento de responsabilidad en el ejercicio de su función, sin embargo, los hechos se desencadenan en torno a la Presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) que de conformidad con el Art. 179 de la Constitución, debe estar presidido de la terna enviada por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia y ser elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana.

El Presidente de la Corte Nacional de Justicia cumplió con su deber constitucional de enviar la terna para la debida integración del Consejo de la Judicatura, mientras que el CPCCS omitió su obligación de elegir al delegado de la CNJ de la terna presentada, en tanto que el Consejo de la Judicatura está indebidamente integrado ya que está presidido en forma contraria a lo ordenado por la Constitución de la República.

Que un órgano administrativo indebidamente integrado pretenda juzgar al Presidente de la CNJ y silenciar la voz de los Presidentes de las Cortes Provinciales que reclaman respeto a la Constitución es impresentable.

Se reedita la subordinación de la justicia a la politiquería, se trunca el anhelo de una justicia independiente y viene el recuerdo de que el país llegó hasta quedare sin Corte Nacional de Justicia. ¿Qué opinan los Colegios de Abogados? (O)