La oposición en el Congreso peruano presentó una moción para interpelar a la vicepresidenta de Perú y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, tras haber admitido que firmó documentos de un club privado a pesar de que tiene prohibido ejercer otro cargo por ser funcionaria del Estado.
La iniciativa fue presentada por el portavoz de la bancada del partido ultraderechista Renovación Popular, Jorge Montoya, con el respaldo de legisladores de los partidos derechistas Avanza País, Somos Perú y Alianza Para el Progreso, así como de los congresistas independientes Carlos Anderson y Susel Paredes.
Según la moción, que comprende seis preguntas, Boluarte debe responder por su desempeño como presidenta del consejo directivo del Club Departamental Apurímac, un cargo en el que ella admitió que firmó documentos cuando ya era funcionaria estatal.
La vicepresidenta declaró este martes que firmó documentos de ese club durante este año porque su reemplazo «todavía no ha inscrito su representación legal por el tema burocrático».
La Contraloría peruana reveló, en un informe presentado a fines de mayo pasado, que Boluarte figuraba como presidenta del Club Departamental Apurímac y primera vicepresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú cuando ya ejercía como ministra.
La vicepresidenta aseguró, al respecto, que la Contraloría actuó «de manera ingrata» al presentar su informe ya que, según su versión, este «no concluía en ninguna recomendación ni absolutamente nada».
«Eso me deja en indefensión porque en la carta que me envía, la Contraloría no me dice que está enviando al Congreso recomendaciones de una denuncia constitucional en mi contra», sostuvo.
En la propuesta de interpelación también se plantea preguntar a Boluarte por su permanencia en un cargo que ocupaba en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), al que renunció en abril pasado, más de ocho meses después de haber asumido como vicepresidenta y ministra de Estado.
Además, sobre la presunta omisión de información sobre el trabajo de ocho cuñados suyos en organismos estatales cuando presentó su declaración jurada de intereses al ser candidata a la vicepresidencia del país.
Tras conocerse este martes la declaración de Boluarte, el congresista Montoya aseguró que su partido buscará «la máxima sanción posible» para la vicepresidenta, lo que implica su eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos.
De llegarse a este extremo, el presidente Pedro Castillo quedaría sin un reemplazo en el cargo, en medio de los intentos que la oposición política mantiene desde el inicio de su gestión, en julio del año pasado, de destituirlo de la jefatura del Estado.
El pedido de interpelación se presentó el mismo día que el Congreso debatirá otra moción de interpelación presentada por Renovación Popular contra el primer ministro, Aníbal Torres, para que responda sobre el estado de emergencia para enfrentar a la covid-19 y la falta de respuesta al pedido de Montoya para que se entreguen las actas del Consejo de Ministros del 1 al 5 de marzo pasado. EFE
