Azuay, como las demás provincias de la Sierra, sufre las consecuencias del cierre de vías.
Escasea el gas de uso doméstico; igual los productos agrícolas, sujetos ya a la especulación. El turismo, pronto sentirá los estragos. El comercio, ahora con ocasión de la celebración del Día del Padre, no será el esperado.
Las empresas también verán restringidas sus actividades, comenzado por el traslado de sus mercaderías hacia otros lados del país. Entre ellas, las florícolas. Igual las productoras de lácteos; además de los grandes y pequeños ganaderos; sobre todo estos últimos.
Los ciudadanos, con asombro ven cómo se bloquean las vías y quiénes lo hacen, un procedimiento penado por la ley. Igual, con ese mismo estado de ánimo, miran a la Policía o al Ejército limpiando parcialmente los montículos de piedras, tierra, árboles derribados y llantas quemadas, para permitir el paso de vehículos; pero tan pronto como se retiran, vuelve el mismo escenario.
A ese panorama de violencia, cuya espiral crece día a día, se suman los bananeros. Pronto lo harán las centrales sindicales. Todos tienen sus propias reivindicaciones. Las exigen a la fuerza, so pena, como es la consigna de la Conaie, si es posible hasta de derrocar al gobierno. Atendidas sus exigencias, ¿mejorará la economía del país, de las familias en particular?
Al filo del quinto día del paro no hay visos de solución. El gobierno los “evalúa” tal si fuera una simple aritmética, y sigue preso de su falta de política comunicacional.
La clase política se hace la desentendida. Se encierra en sus feudos electorales. Otros toman distancia, al menos en teoría, de quienes sitian a gran parte del país y hasta quieren atentar contra la democracia. Un “lavado de manos”, pues estamos en un año preelectoral; y si el gobierno cae, “aquí no ha pasado nada”. Esa es su ecuación. ¿O la aúpan?
No hay diálogo. La situación empeora. Ecuador, ¿vuelve al escenario de terror vivido en octubre de 2019?
