Amnistía Internacional (AI) mostró su «preocupación por la impunidad» que se mantuvo en Perú en relación con el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y alertó sobre la lentitud de las investigaciones sobre la muerte de dos jóvenes manifestantes en noviembre de 2020.
En su dossier de Tortura de 2022, la organización enfatizó que «avanzaban muy despacio» las investigaciones de la Fiscalía sobre las muertes, en medio de la represión policial, de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las multitudinarias protestas de noviembre de 2020 contra el breve gobierno de Manuel Merino.
«Pese a que el Gobierno concedió a las familias ayuda económica y en materia de salud y educación, el derecho de éstas a la verdad y la justicia no se había realizado al concluir el año», remarcó.
El pasado 17 de junio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia presentada por la Fiscalía contra Merino, su ex primer ministro Ántero Flores Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez por la muerte de Sotelo y Pintado.
Los tres ex altos funcionarios habían sido acusados en octubre pasado por la entonces fiscal de la Nación (general) Zoraida Ávalos como presuntos autores, por omisión impropia, de los delitos de homicidio y lesiones graves y leves, en el contexto de grave violaciones a los derechos humanos.
El informe que recomendó que se archive ese acusación fue elaborado por el congresista Alejandro Cavero, del partido derechista Avanza País, y recibió siete votos a favor, siete en contra y una abstención, pero su aprobación fue decidida con el voto dirimente de la presidenta del grupo legislativo, Rosío Torres.
Esta decisión generó el inmediato rechazo de organizaciones civiles nacionales e internacionales, de algunos medios locales y de los familiares de los fallecidos, que consideran que «blindó» a Merino, incentivando la impunidad.
Ante esto, Torres anunció esta semana que la subcomisión revisará su votación tras un pedido de reconsideración presentado por el legislador izquierdista Edgard Reymundo Mercado.
Amnistía Internacional ya había pedido el pasado 10 de junio al Congreso peruano que permitiera, «sin más dilaciones», la investigación fiscal contra Merino por la represión policial ejercida durante las manifestaciones, que además de las dos muertes, dejó gravemente heridos a varios manifestantes y causó lesiones a periodistas.
En su último dossier, AI también remarcó que en Perú «seguía vigente la Ley de Protección Policial de 2020, que incluía la presunción en favor de la Policía en relación con la racionabilidad del uso de medios letales».
Enfatizó que está disposición «era contraria al derecho internacional de los derechos humanos».
Por otra parte, recordó que las víctimas que denunciaron haber sufrido esterilizaciones forzadas hace más de 25 años, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), «seguían pidiendo verdad, justicia y reparación».
A pesar de ello, destacó que el Ministerio Público ya sustentó los cargos y la denuncia contra Fujimori y varios de sus ministros de Salud «como autores mediatos» (con dominio del hecho) de estas esterilizaciones.
Añadió, sin embargo, que aunque en diciembre pasado la justicia ordenó una investigación en contra de todos ellos, el Ejecutivo peruano «siguió sin concederles reparaciones» a los afectados, a pesar de que el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas recogía más de 7.000 casos documentados. EFE
