Del liberalismo al estado social: los 11 textos constitucionales de Chile

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, y el vicepresidente, Gaspar Domínguez (d), entrega el texto final de la propuesta Carta Magna. EFE
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La Convención Constituyente entregó este 4 de julio de 2022, el undécimo texto constitucional de Chile desde su independencia en 1810, un largo camino que ha desembocado en tres Constituciones (1833, 1925 y 1980) y que ha transitado desde el liberalismo de la primera a los derechos sociales que pretende hacer florecer la última propuesta.

Los siete primeros se redactaron entre 1811 y 1833, fueron textos escritos durante el convulso proceso de independencia de la corona española como ensayos en busca de un ordenamiento de la futura República, y en la mayoría de los casos fueron desechados tras comprobar que eran «inaplicables».

El de 1833 es, hasta la fecha, el texto constitucional de vigencia más prolongada en la historia de Chile. Fue obra de una «Gran Convención» y se basó en los trabajos del jurista Mariano Egaña y se inspiró en las ideas liberales del político Diego Portales, uno de los considerados «padres» de la patria chilena.

En una carta a José María Cea, Portales -que fue vicepresidente de la República-, argumentaba que «la democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud».

Y proponía «un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos».

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LA REFORMA DE ALESSANDRI

La Constitución de Egaña llegó a su final en 1925, fecha en la que el entonces presidente Arturo Alessandri, junto al abogado del partido Liberal José Maza, presentaron un nuevo texto aprobado en plebiscito con una altísima abstención.

Reformada en siete ocasiones, impuso un sistema presidencialista frente al régimen de inspiración parlamentaria anterior y fue derogada el 11 de septiembre de 1973, fecha en el que el Ejército liderado por el general Augusto Pinochet derrocó el gobierno democrático del comunista Salvador Allende.

«La Junta Militar, como en todos los campos que operó, tuvo el discutible privilegio de modificar de raíz toda esa tradición constitucional dictando una Carta Magna que rompía la costumbre jurídica, incorporando en su texto una serie de disposiciones que no tenían otro objeto que perpetuar el régimen político» dictatorial, explicaba el historiador Armado de Ramón.

«Se impuso al país un texto constitucional que estaba hecho para favorecer a una parte de la población, dejando a la otra huérfana de apoyo», agregaba en su libro «Historia de Chile», publicado en 2023.

LA CONSTITUCIÓN DE LA DICTADURA

Enmendada en 52 ocasiones, e inspirada por la Comisión Ortúzar, la Constitución de Pinochet fue obra de la Junta Militar y fue ratificada en un plebiscito sin registros electorales y bajo gran represión el 11 de septiembre de 1980.

El texto ratificó que la Junta de Gobierno militar ejerciera las funciones legislativa y constituyente, gestionara el Poder Judicial, y facilitó que Pinochet asumiera la presidencia, ocultando las graves violaciones de los derechos humanos.

A finales de esa década, un puñado de partidos políticos liderados por la Democracia Cristiana aceptaron reconocerla como una realidad jurídica que operaba dentro del marco institucional establecido por ella e implicarse en una proceso de transición para reformarla que incluyó un plebiscito sobre la presidencia de Pinochet.

La ciudadanía rechazó que el autócrata siguiera en el cargo y propició la convocatoria de elecciones en 1989, a la que una alianza conocida como Concertación de Partidos por la Democracia llegó con un paquete de 54 reformas a la carta fundamental.

Esta reforma fue aprobada en plebiscito y fue reconocida por todos los sectores políticos y sociales de Chile, a excepción del Partido Comunista  y grupos de izquierda, que desde entonces trabajaron por su reemplazo total.

EL ESTALLIDO SOCIAL

Aunque diversos sectores intentaron avanzar más en el cambio del texto de la dictadura, en los primeros años fue casi imposible debido a la resistencia de Alianza por Chile, una plataforma que aglutinaba a grupos de la derecha, a sectores ultraconservadoras y defensores del liberalismo impuesto en el país.

En 2005, el gobierno liderado por Ricardo Lagos llegó a un acuerdo con el Congreso que permitió promulgar el Decreto Supremo, un texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución, que borraba varios de los puntos antidemocráticas que restaban, incluida la firma en el texto oficial del dictador.

Diez años después, durante su segundo mandato, la presidenta Michelle Bachelet puso en marcha un proceso constituyente para consensuar una Constitución que sustituyera definitivamente a la de la dictadura, proyecto que por distintas razones no pudo concluir.

En 2019, y en plenas protestas populares conocidas como «el estallido social», parlamentarios del oficialismo y representantes de partidos de oposición firmaron un nuevo acuerdo que permitió la creación de esta Convención Constituyente, «paritaria, participativa y democrática», que hoy entregó un texto.

CONSTITUCIÓN SOCIAL

Un texto que avanza desde el liberalismo de Portales y los padres de la patria y se dirige hacia un estado social de bienestar, que incluye a los pueblos originarios como estado plurinacional, propone la descentralización, protege la naturaleza, reforma el modelo de estado y cambia los derechos de propiedad de recursos comunes ahora privatizados como el agua.

Además, defiende una vivienda digna para todos, potencia la Sanidad y la Educación pública, progresa hacia un sistema de pensiones más justo y busca la equidad en el que es uno de los países más desiguales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El nuevo texto será sometido a referéndum obligatorio el próximo 4 de septiembre y es uno de los proyectos angulares del Gobierno del progresista, Gabriel Boric. EFE