Seis detenidos por presunto lavado de activos son procesados

La Fiscalía formuló cargos contra 6 ciudadanos por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Foto cortesía Fiscalía

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra seis ciudadanos por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Así lo dio a conocer la institución un su página web este miércoles, 13 de julio de 2022.

Los sujetos fueron detenidos en un operativo efectuado en las provincias de Azuay, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Orellana y Manabí donde la madrugada del martes se realizaron 30 allanamientos.

En la audiencia de formulación de cargos, realizada en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo, el fiscal de la Unidad Antilavado de activos presentó 45 indicios, entre los que constan información financiera, informes de la Superintendencia de Compañías, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Así también, solicitó al juez que dicte prisión preventiva contra los procesados, pedido que fue acogido parcialmente. 

El magistrado dictó prisión preventiva contra Cristhian J., Vicente S. y Christian Andrés R.; mientras que a Gabriela A., Natalia G. e Iván G., les dispuso prohibición de salida del país y presentación periódica.

Además, ordenó la retención de cuentas bancarias de los procesados, así como la incautación de 5 automóviles, 5 motocicletas y de 6 bienes inmuebles (4 en Santo Domingo, 1 en Manta y 1 en Quito).

Operativo

El fiscal indicó que los allanamientos se efectuaron en el marco de una investigación previa a la empresa PipMaster Cía. Ltda., la cual presuntamente estaría dedicada a la captación ilegal de dinero. Fue reportada por la Superintendencia de Compañías, ya que no contaba con autorización para realizar operaciones de casa de valores.

http://54.196.56.88/2022/07/12/fiscalia-realiza-allanamientos-lavado-activos-ecuador/

Según las investigaciones, la empresa PipMaster ofrecía rendimientos que iban desde el 8% mensual. Con el objetivo de diversificar el dinero de origen presuntamente ilícito, se habría desarrollado un esquema societario con compañías que ofrecían productos y servicios.

La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.