La Fiscalía de Colombia radicó una nueva solicitud de preclusión del caso sobre supuesto soborno y manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), después de que un juzgado obligara al ente acusador a obrar para acusar al exmandatario.
La Fiscalía, a través de un comunicado, justificó que «fueron practicados los actos de investigación sugeridos por la juez 28 penal del circuito de Bogotá, quien negó la solicitud de preclusión de la investigación solicitada previamente».
Según este organismo, ha tomado 14 declaraciones, ha interrogado a Uribe y se practicaron otra serie de pruebas, pero volvieron a la conclusión de que no hay causas para investigarlo.
El pasado 27 de abril, la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, anunció su decisión de no precluir el proceso que relaciona al expresidente con los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y obligó a la Fiscalía a presentar un escrito de acusación o apelar su sentencia.
La Fiscalía, entonces, dijo que no apelaría la decisión, pero ahora asegura que «atendiendo criterios de imparcialidad legal y objetividad probatoria, consideró que se han configurado las causales de preclusión de atipicidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, que serán presentadas en la audiencia respectiva».
Por tanto, vuelve a considerar que no hay pruebas suficientes para acusar al expresidente y que se debe precluir el proceso al considerar que las pruebas no demostraban que Uribe hubiera participado activamente o dado la orden para buscar testigos falsos contra el senador de izquierdas Iván Cepeda.
EL CASO URIBE
El caso contra Uribe comenzó en 2012 cuando la Corte Suprema de Justicia, por una denuncia del exmandatario contra Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, decidió no abrir investigación contra el congresista de izquierdas y, en cambio, le inició un proceso a Uribe por manipulación de testigos.
Más adelante, a mediados de 2018, la Corte llamó a Uribe a indagatoria por fraude procesal y soborno, pues las pesquisas de ese alto tribunal apuntaban a que el expresidente, a través de terceros como el abogado Diego Cadena, al parecer intentó manipular las versiones de varios exparamilitares para que declararan contra Cepeda.
Uno de los puntos más álgidos del proceso fue el 4 de agosto de 2020, cuando la Sala de Instrucción del alto tribunal ordenó la detención domiciliaria del expresidente, quien el 18 del mismo mes renunció a su escaño en el Senado perdiendo su condición de aforado, por lo que la Corte Suprema de Justicia perdió su competencia en el caso, que pasó a la Fiscalía.
Ahora el proceso debe volver a una audiencia común y un juez debe volver a decidir si acepta la proposición de la Fiscalía de precluir el caso o vuelve a emitir una orden para que este ente actúe en el caso. EFE
