En el sector público la construcción de una obra casi siempre trae problemas.
Años atrás, informes previos de Contraloría y de Procuraduría permitían corregir potenciales errores tanto de carácter técnico cuanto jurídico, si bien en la mayoría de los casos demoraban en emitirse.
Desde los primeros meses de 2022, en Cuenca se polemiza y hasta se “teje fino” sobre el proceso de contratación y de fiscalización de la planta de aguas residuales Guangarcucho.
La obra es parte de los Planes Maestros de Agua Potable y Alcantarillado, proyectados desde hace décadas.
La anterior administración municipal asumió el reto de construirla, pues la capacidad hidráulica de la planta de Ucubamba llega a su límite.
Buscó financiamiento del Banco Europeo de Inversiones y del Banco de Desarrollo de América Latina.
La actual, tras contar con los diseños definitivos de la nueva planta lanzó la licitación internacional. La obra costará más de 70 millones de dólares.
Sin embargo, los procesos de contratación están empantanados desde hace varios meses. La evaluación de las ofertas hecha por la correspondiente comisión es objeto de controversia.
Sus integrantes, a decir del gerente de ETAPA EP, Rubén Benítez, presentaron objeciones no como comisión, sino de forma personal, lo cual no es lo lógico, peor técnico. Se integró otra.
Según el concejal Omar Álvarez, se pretendería favorecer a determinado consorcio. Según informes técnicos, no cumple con las condiciones básicas estipuladas en la licitación.
Es más, los miembros de la primera comisión, en distintos tiempos y con distinta documentación alertaron sobre ese inconveniente.
En su momento hubo cambios constantes en la Dirección de Agua Potable, supuestamente atribuidos a tales alertas; incluso la reacción de colegios de profesionales del área técnica.
El Banco Europeo resuelve una queja presentada al proceso de fiscalización; igual, a la evaluación hecha a los oferentes.
ETAPA ha sido un referente de transparencia a nivel nacional. Ahora no debe ser la excepción.
