La vialidad rural del Azuay es un mal sin solución. La provincia registra de forma oficial más de 3.500 kilómetros de vías de segundo y tercer orden, de los cuales, 1.812,44 kilómetros han recibido en un año y 10 meses de la administración de la prefecta Cecilia Méndez algún tipo de atención.
Los números reflejan un déficit cercano al 50 % de carreteras sin mantenimiento, en malas condiciones y que representan un dolor de cabeza para quienes transitan por estas arterias viales.
El Gobierno Provincial del Azuay justifica estas cifras en un limitado presupuesto que percibe del Gobierno Central para cubrir sus competencias en vialidad, riego, ambiente, entre otras áreas. La administración provincial registra en el presente año en transferencias del Estado cerca de 29 millones de dólares.
Asimismo, por los altos costos que representa cambiar un kilómetro de lastre por una mejor estructura. Según el GAD Provincial, el kilómetro de doble tratamiento superficial bituminoso bordea los 80 mil dólares, mientras de asfalto, los 150 mil dólares.
Para Janeth Garzón, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) filial Azuay, la provincia es una de las que más inconvenientes viales tiene del país. “La Prefectura hace todo su esfuerzo, se ha comprado maquinaria y volquetes, pero tampoco alcanza para cubrir las necesidades de las 61 parroquias. Su presupuesto es demasiado reducido si comparamos con el de otras instituciones como el municipio de Cuenca. El GAD Provincial por lo menos necesita duplicar su presupuesto para avanzar a un 60 % de atención vial”, aseveró.
Garzón aseguró que todas las parroquias tienen alguna dificultad vial; sin embargo, existen ciertas localidades como: San José de Raranga, Jima y Ludo, en Sígsig; Cochapata y El Progreso, en Nabón; Molleturo y Chaucha, en Cuenca, donde la situación es compleja.
De su parte, Claudio Loja, alcalde de San Fernando y presidente de la Asociación de Municipalidades del Azuay (AMA), comentó que la época invernal empeoró el estado de las vías de la provincia, tanto de primer, segundo y tercer orden.
En lo que respecta a las carreteras rurales, Loja coincide en que faltan recursos económicos para cubrir las necesidades de los 15 cantones. Aunque ve con buenos ojos la posibilidad de suscribir convenios de concurrencia para el mantenimiento vial delegado que permite llegar a sectores lejanos, donde el GAD Provincial no se alcanza por su capacidad operativa.
La vía Ricaurte-La Raya que se conecta con la provincia de Cañar presenta algunos tramos con daños. Xavier Caivinagua/El Mercurio
Labor
La prefecta Cecilia Méndez explicó que de los 1.812,44 kilómetros atendidos, 1.277 se trata de mantenimiento a nivel de lastre; 33,76, de intervención en doble tratamiento superficial bituminoso; 14,27 kilómetros, en carpeta asfáltica; y 487,41, por mantenimiento vial delegado.
Los trabajos en doble tratamiento superficial bituminoso y en asfalto se realizan mediante contrato con la Empresa Pública Asfaltar EP.
La autoridad prevé hasta finalizar su mandato (mayo de 2023) cumplir con una inversión de alrededor de 15 millones de dólares -provenientes de un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE)- para atender proyectos viales como: Chordeleg-Principal, Nabón-El Paso, Oña-Morasloma (fase 1), Gualaceo-Caguashum, Quingeo- “Y” de Cumbe (7 kilómetros), y la construcción de puente Cozacopte, en Gualaceo.
De la misma manera, se destinarán alrededor de 2,5 millones de dólares de recursos de los FINGAD III para proyectos viales como: Chicán-“Y” de Uzhupud-Certag, Sarayunga-Coca y Rurcaj-Sígsig.
Peaje y asignaciones
El Gobierno Provincial del Azuay tiene sobre la mesa una propuesta para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Se trata de retomar el peaje de Chaquilcay -en el acceso a los cantones orientales- para contar con recursos económicos para ampliar la atención vial.
La administración provincial estima que con los recursos que se generen del peaje se podría atender hasta 140 kilómetros más de vías.
Por otro lado, se propone al Gobierno un cambio en la asignación de recursos por el modelo de equidad territorial. Se plantea que para las asignaciones se considere como fórmula el número de kilómetros construidos en relación a la productividad de los territorios.
De esta manera, se podrá llegar a sectores altamente agrícolas y ganaderos que sufren una serie de incomodidades para trasladar sus productos. (I)
