El Gobierno de Guillermo Laso está salpicado por presuntos casos de corrupción. Empañan su insiste empeño de luchar contra esta lacra social, vigente desde los albores de la República.
Al inicio de su gestión dictó un Código de Ética. Lo suscribieron los funcionarios designados por él.
La Fiscalía investiga el caso Danubio; igual la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Habría presunto tráfico de influencias. En otras palabras, venta de cargos públicos en la Aduana. Por aquí se controlan importaciones y exportaciones, actividades económicas generadores de millonarios impuestos. Evadirlos es el objetivo de muchos empresarios de todo rango y poder.
Entre los involucrados están asesores ad honorem designados por el presidente, cuya confianza habrían abusado.
Este tipo de designaciones también son investigadas en la Asamblea. Son funcionarios sin sueldo; no tienen rango de servidores públicos, no declaran sus bienes, ni responden ante nadie.
Asesoran al presidente en temas específicos. Esto no les quita la tentación de cometer irregularidades. Las habrían cometido y por ello son investigados, incluyendo un asambleísta del oficialismo.
La indagación en la Comisión de Fiscalización mostró otros posibles “cabos sueltos” en la Aduana. Estarían comprometidos funcionarios del más alto nivel del Gobierno, abogados antes ligados a ellos en lo laboral, precisamente en trámites aduaneros.
No deja de preocupar posibles presiones hechas por otro “consejero” presidencial al polémico personaje nombrado como Superintendente de Bancos, puesto en la terna como comodín, sin siquiera conocer sus antecedentes y pasado político.
Hay cierto mutismo en el Régimen. Su propia Secretaría Anticorrupción no dice nada. El viceministro de Gobierno, Homero Castanier, niega intromisiones y pide no confundirlas con coordinación en ciertos temas “para lograr estabilidad política…”.
El Gobierno no protege a nadie, dice Castanier. ¿No haría mejor si exige la renuncia a los ya comprometidos, o estos optan por la decencia y se van?
