La Constitución ha clasificado a las garantías en: normativas, de políticas públicas y jurisdiccionales, justamente para viabilizar la tutela judicial efectiva. La medida cautelar como parte de la garantía jurisdiccional busca cesar o suspender las amenazas que vulneran los derechos protegidos.
En el referente procesal y de aplicación de las garantías, su aplicabilidad no ha sido del todo eficiente por parte de los jueces porque bajo una línea política de actuación aceptan o rechazan las acciones interpuestas por diversos actores políticos.
Su uso y abuso ha sido inminente. Los jueces bajo una objetada motivación justifican porque aceptan o rechazan una garantía constitucional que responde efectivamente al fin político-partidista de legisladores y servidores públicos.
Con frecuencia, incluso con exceso los conflictos políticos han pretendido y de hecho han conseguido ser suspendidos o hasta resueltos con la abusiva aplicación de las medidas cautelares establecidas en la Constitución. Se han encargado de desnaturalizar el objeto de las garantías jurisdiccionales. La justicia constitucional se ha politizado. (O)
