En los recientes estudios de opinión pública se ha reportado que la delincuencia es el principal problema percibido por las y los ecuatorianos. El 38 % de la población encuestada asigna a este tema como la principal dificultad que atraviesa su ciudad. En el caso del Azuay incluso se habla de un 42 % de la población que tiene esta misma percepción. Los reportes diarios sobre asaltos, sicariatos, robos, y ahora hasta actos que rayan en el narco terrorismo son evidencia del clima que rodea a la ciudadanía y que mantiene altos indicadores de inseguridad y violencia. No es un problema exclusivo de Guayaquil; Quito y Cuenca tienen su propia parte en el mapa de la opinión pública junto con sectores sensibles como el norte de Esmeraldas. Los políticos, que son los primeros en leer las encuestas, se apresurarán en poner a la seguridad como tema en la agenda nacional dado que el gobierno central es el principal gestor de esta competencia; pero también porque afecta directamente en la agenda local, y en un entorno electoral tan próximo el tema se revestirá de mayor importancia.
Los problemas de tanta complejidad como es el caso de la seguridad no se pueden abordar exclusivamente desde lo local porque la competencia no reside en la ciudad; sin embargo, si sus autoridades no la enfrentan, la población reclamará -y con justa razón- la indolencia de una Municipalidad llamada a velar por el bienestar de sus ciudadanos. Por otro lado, quienes sí tienen la competencia, en este caso el gobierno central, requieren entender los procesos de territorio y así articular de manera conjunta estrategias que puedan contribuir a soluciones más eficientes y definitivas. Ese aporte no se consigue si las relaciones con las entidades locales están en permanente conflicto. La evidencia de este problema es Guayaquil, pero Cuenca no estaría lejos de encontrarse en un punto muerto entre la ineficiencia estatal y la indolencia local.
Con las elecciones seccionales en proceso es importante que los candidatos y las candidatas puedan exponer en sus planes de trabajo un adecuado diagnóstico de la ciudad que incluya el problema de delincuencia e inseguridad, sus causas y consecuencias, la incidencia de sectores sensibles como las zonas de tolerancia, el sector del Arenal, con la cárcel de Turi, el microtráfico de drogas, etc. Este diagnóstico deberá venir acompañado de propuestas de solución que incorporen la perspectiva local en la planificación de la ciudad, dotación de equipamiento, coordinación interinstitucional y, por supuesto, la actividad conjunta con el Estado y las fuerzas del orden. La agenda pública debe incluir la inseguridad y delincuencia, principal preocupación de una ciudadanía que está cansada de vivir en el encierro y con temor ante dolorosas evidencias.
