Dos caminos para la comunicación

Es una verdad innegable que el ejercicio democrático  de la comunicación en una sociedad está ligada a la libertad de expresión.  Ambos derechos además de estar vinculados, son parte de los pilares de una democracia solvente y plural; de ahí que se vuelve patente  la necesidad de un instrumento legal que proteja y regule tanto el derecho a una comunicación con diversidad de voces, apegada a los hechos, contextualizada y oportunda, como a la libertad de expresión con respeto a la honra y al buen nombre del otro.   

Los estándares internacionales planteados en acuerdos como el Pacto de San José, la Declaración de Chapultepec, los informes de Relatorías Especiales y otras veedurías asociadas con la comunicación así como la jurisprudencia nacional son precedentes que han puesto alertas a cualquier intento de regulación, que puede ser necesaria pero que su ejecución da lugar a excesos o ambigüedades que ponen en peligro un ejercicio libre de la expresión ya sea en contenido informativo y mucha más en el de opinión.

La Ley de Comunicación, cuyas reformas siguen en discusión en el país, tiene la necesidad de encontrar un equilibrio entre la regulación mínima y necesaria y el derecho a la libertad en las expresiones y el acceso a la información. No es un camino fácil ni corto.  Ahora mismo la discusión estará en la Corte Constitucional sobre 17 artículos que el Ejecutivo consideró inconstitucionales.  De igual manera, una treintena de objeciones fueron realizadas que deberán ser analizadas por la Asamblea.  El enfoque menos regulador y más dirigido a la promoción de los medios privados ha sido el que prima en el Veto del Ejecutivo, mientras que el informe de minoría, que fue aprobado por el Legislativo, apunta a mayor regulación, promoción de la comunicación comunitaria y refuerzo a los medios de comunicación públicos, entre otros aspectos. 

Son dos caminos que deben buscar un punto de encuentro con la finalidad de proporcionar a la sociedad el entorno y las condiciones necesarias para una adecuada convivencia y deliberación democrática fortalecida por un sistema de comunicación plural y respetuoso de las opiniones críticas expresadas en libertad, a través de canales de comunicación diversos, transparentes y confiables.