El presidente Guillermo Lasso vuelve a sorprender a los ecuatorianos al retirar la demanda contra cinco asambleístas de Pachakutik.
Informado por “terceros funcionarios” pidió a la Fiscalía investigarlos bajo la presunción de haber exigido dinero a cambio de votos en la Asamblea, donde se tramitaba el proyecto de Ley de Inversiones.
Incluso reveló sus nombres: Rosa Cerda, Édgar Quezada, Celestino Chumpi, Guisella Molina y Cristian Yucailla; además del asesor legislativo Marcelo Rosero.
“No puedo permanecer silente”, dijo en su momento. Traicionaría mis obligaciones como presidente; igual la confianza del pueblo depositada en mí “para desterrar la deshonestidad como nefasta práctica de la política ecuatoriana”.
El país reaccionó de manera positiva. A la par, los aludidos le retaron a demostrar las pruebas correspondientes.
Aquel proyecto de ley no prosperó en la Asamblea. Tampoco las investigaciones han dado los resultados exigidos.
En toda investigación previa, las pruebas o los “elementos de convicción” como se las denomina en la terminología judicial, deben ser contundentes para la acusación fiscal y el posterior llamamiento o no a juicio.
A juzgar por la decisión presidencial no las hubo. Además, como el país sabe, la corrupción no se notariza, excepto descubrirla mediante grabaciones o filmaciones hechas “in off” u otros medios.
El presidente ¿se apresuró, como en otros casos, a denunciar sin tener pruebas?
Ahora retira la denuncia. Procede, según dice, en respuesta al “clamor” de los ecuatorianos por “promover la unidad como principio fundamental del servicio público”. Esto es inaceptable.
En la Asamblea se tramita un juicio político en contra de tres vocales de la Judicatura. Los votos cuentan; igual para allanarse o no al veto parcial al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación.
El Gobierno y los denunciados inadmiten acuerdos turbios. Pero las reacciones ciudadanas revelan el reproche por la decisión del presidente, cuya palabra, una vez más, queda devaluada.
