La espiral de violencia perpetrada por el crimen organizado no para en el país. Al contrario, arremete con más fuerza y saña.
Este lunes 19 de septiembre de 2022 fue cruento. Muy de mañana, el asesinato del fiscal del Guayas, Édgar Escobar, conmocionó a todos.
Jueces y fiscales están desamparados. Si en sus manos está investigar o sentenciar casos relacionados al narcotráfico y a bandas de criminales peligrosos, sus vidas, las de sus familiares, están en riesgo.
Protección policial la reciben seis meses después de solicitarla a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos o al Consejo de la Judicatura.
Pero todo depende del estudio de riesgo. Los solicitantes deben, por ejemplo, detallar el tipo de intimidación. Si lo consiguen, la protección dura apenas seis meses.
Los protocolos son engorrosos, reconoce el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Ofrece cambiar, si bien no explica cuándo ni cómo.
El fiscal asesinado investigaba el atentado terrorista en un barrio de Guayaquil y las masacres en la Penitenciaria del Litoral.
A simple vista, dos casos de extremo riesgo. Aún así no pidió protección. En tales situaciones, por elemental sentido de conservación el Estado debe buscar mecanismos para garantizar la vida de esas autoridades.
Dejarlos a merced de su intuición o de tomar sus propias precauciones es injustificable, mucho más cuando el sicariato hace de las suyas.
Similar reclamo se hizo cuando otros dos fiscales fueron asesinados meses atrás. La desidia volvió tan pronto como se diluyeron las reacciones.
El lunes también fue asesinado un policía al enfrentarse con delincuentes en el cantón Pasaje. En Sucumbíos, un juez sufrió un atentado.
¿Mañana a quién asesinarán? ¿A quién le tocará su “mala hora”? ¿Será a un juez; a un fiscal? ¿A quién le aplicarán el “ajuste de cuentas”? ¿A quiénes comenzarán a intimidar con la “vacuna”?
Son las interrogantes reveladoras del panorama de inseguridad; donde jueces, fiscales y los ciudadanos de a pie viven en zozobra.
