«En minería no hay acuerdo, porque se mantiene el extractivismo”. Así lo anunció hace una semana Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), cuando firmó con el Gobierno el acta del fin de los diálogos.
Pero el sector empresarial y las autoridades no solo des mienten al líder indígena, sino que aseguran que se cedió tanto en esta área que se ha puesto en riesgo a esta industria que le prometía al país ingresos superiores a los 40.000 millones de dólares.
Aunque Xavier Vera, ministro de Energía, ha negado que se haya definido una moratoria minera, lo cierto es que en el acta sí se establece que, mientras en la Asamblea Nacional no se apruebe la Ley de Consulta Previa y la Ley de Consulta Ambiental, no se otorgarán nuevos títulos mineros y no se emitirán licencias ambientales a proyectos que ya están concesionados.
Para Fer nando Benalcázar, experto en el área y exviceministro de Minas, la moratoria es más que evidente y el tiempo que dure es indefinido, pues por experiencia propia conoce que en la Asamblea no existe interés político por tratar estos temas e incluso se han negado a aprobar una Ley de Consulta Previa hace más de 12 años, pese a que un fallo de la Corte Constitucional (CC) les ordenó a hacerlo.
A María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, lo que más le preocupa de lo acordado tras el diálogo es el acápite en el que se establece la creación de una mesa técnica que evaluará las concesiones mineras ya otorgadas, cuyas decisiones tendrán carácter de vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio para el Gobierno y las empresas.
“Estamos ante una inconstitucionalidad, pues la Constitución establece que solo la Asamblea y el Ejecutivo pueden crear leyes y solo el Estado tiene potestad sobre el territorio, si en esta mesa se podrá crear leyes y decidir quién puede o no operar en el país, vulnerando incluso concesiones que están en operación, estaremos ante una especie de Estado paralelo”, afirmó Silva.
Patricio Meza, técnico de la CONAIE que lideró el tratamiento del tema minero, no ve la polémica en la revisión a las concesiones, pues recalcó que, si las empresas han cumplido con las normas, el cuidado ambiental y las normas laborales, no tienen por qué temer.
Además, Meza insistió en que los acuerdos logrados en el tema minero son mínimos, pues no consiguieron que el Gobierno mantenga suspendido el catastro minero (mapa de los proyectos para concesión), el cual se reabrirá en diciembre próximo, y señaló que el ministro les ha anticipado que lo que se decida en la mesa técnica no necesa riamente será vinculante.
“Industria se encuentra en un retroceso”
La minería, una de las industrias que más beneficios económicos le ha d do al país en los últimos años tiene a las siete empresas que más tributarán en el 2022 y entre estas están las dos minas industriales: Mirador y Fruta del Norte. Se esperan más de 3.000 millones de dólares en exportaciones.
Según la Cámara de Minería del Ecuador, para los próximos 30 años se habían previsto ingresos por 40.000 millones.
Para Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, existe una falsa sensación de crecimiento de la industria, pues desde el 2019 no se ha inaugurado ninguna gran mina más y, con lo acordado en las mesas de diálogo, difícilmente se pondrá en operación ninguna concesión adicional, tampoco se debe esperar nuevas inversiones, debido a la incertidumbre generada. (ASM)-(I)
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13 por ciento se ha reducido la pobreza en Zamora Chinchipe, tras la entrada en operación de la minería a gran escala.
480 millones de dólares deberá pagar el Estado a la china Junefield Gold, que no pudo operar el proyecto Río Blanco.
44.000 millones de dólares le dejarían al país si entran en operación las 12 minas que se encuentran en espera.
