Constitucional dio «gran lección jurídica» en caso de Castillo, según abogado

El expresidente peruano Pedro Castillo reiteró que es un "preso político" y pidió la intervención de organismos de derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas.

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha dado una «gran lección jurídica» al Congreso al haber ordenado que se anule una denuncia constitucional contra el presidente peruano, Pedro Castillo, por presunta traición a la patria, afirmó este 23 de noviembre de 2022 el abogado del jefe de Estado, Benji Espinoza.

Tras esta resolución del TC, la defensa de Castillo anunció que este miércoles presentará otro recurso de habeas corpus a favor del gobernante contra la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como supuesto líder de una organización criminal en el Ejecutivo y en la que están incluidos personas de su entorno más cercano.

«El Tribunal Constitucional ayer (este martes) les ha dado una gran lección jurídica, les ha hecho recordar sus límites», declaró Espinoza en entrevista con Canal N, en referencia a la denuncia promovida por el Congreso por supuesta traición a la patria después de que Castillo dijera estar a favor de dar una salida al mar a Bolivia.

«Si no hay comportamiento constitucional, no importa que tengan los votos, porque esa decisión tarde o temprano va a ser anulada», agregó el abogado en alusión al trámite que hubiese seguido la denuncia y una eventual destitución presidencial.

Espinoza añadió que la resolución del TC, que ordenó se anule la denuncia constitucional por traición a la patria, ha establecido los límites que tiene el Congreso para tramitar una acusación constitucional con antejuicio político, como en el caso del jefe de Estado, respecto al debido proceso, el principio de legalidad y con la debida motivación en sede parlamentaria.

El Constitucional consideró el martes que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que planteaba la inhabilitación de Castillo por cinco años «no es acorde con parámetros de racionabilidad» y «vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad e incumple con la debida motivación».

«En el informe final no se hace referencia a algún elemento objetivo que permita concluir que se ha dado inicio a la ejecución de alguna conducta, siquiera en estado preparatorio, que materialice alguna clase de entrega o cesión del territorio nacional», añadió.

La denuncia constitucional contra Castillo fue motivada por unas declaraciones que dio el mandatario en enero pasado a la cadena internacional CNN, en las que abrió la posibilidad de someter a consulta popular la eventual entrega de una salida al mar a Bolivia.

Sin embargo, Castillo aclaró en ese momento que no estaba diciendo que le iba a dar mar a Bolivia.

«Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera», apuntó.

Tras la decisión del TC, la presidenta de la subcomisión, Lady Camones, respondió que son «muy respetuosos de estas decisiones» y, «como tal, vamos a acatar».

La congresista indicó que su grupo de trabajo esperará a recibir la comunicación formal que le haga la Comisión Permanente para luego «determinar si se va a continuar con un nuevo procedimiento o elaborar un informe de calificación que pueda decidir por el archivamiento». EFE