Cual anaconda cuya fuerza constrictora le permite matar aun a grandes presas para luego enteras engullirlas, el caos jurídico hace lo mismo en el Ecuador, donde hablar de justicia independiente, de jueces doctos y probos, del imperio del estado de derecho, resulta sombrío por decir lo menos. Valen las excepciones.
En el caso de la serpiente, aquélla es su naturaleza de ser para sobrevivir.
No lo es la del país, donde el poder político, mimetizado hasta lo máximo, a veces hasta de frente, pone jueces, integra tribunales, redacta leyes y códigos, siempre ajustados a sus intereses, sin importar si para protegerlos vale el caos. Tampoco vale generalizar.
Siempre se ha dicho: la acción de protección, positiva en tanto en cuanto propugna la prevalencia de derechos, se ha devaluado a fuerza de otorgársela saltándose procedimientos, aplicándola con sesgos; o se moldea a leyes y procedimientos hechos a propósito.
Cualquier comedido la puede plantear para favorecer a determinado personaje involucrado en cualquier circunstancia o deba responder ante la ley.
Y lo puede hacer ante cualquier juez y en cualquier cantón de la patria.
Si eso es mucho y grave a la vez, lo es también el desacato a las resoluciones del juez. Pese a quien le pese, aún sabiendo sus trasfondos y consecuencias, así esté de por medio la seguridad ciudadana, se las debe acatar tan pronto como son otorgadas.
Para dejarlas sin efecto, la normativa jurídica prevé la apelación.
El Gobierno y la Asamblea han desacatado resoluciones de los jueces por considerarlas ilegítimas.
En el primer caso, por fallo judicial a favor de un reo, por cuya manifiesta peligrosidad fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad.
En el segundo, al retirar la placa colocada en la Asamblea, dispuesta por un juez al dejar sin efecto la destitución de 4 consejeros del Cpccs por considerarla ilegal.
Son síntomas de la degradación del sistema de justicia cuyas máximas instancias no se proponen corregir las fallas de fondo.
