A pocas semanas de la jornada electoral, la agenda noticiosa crece en relevancia debido a la capacidad que tiene la información de circular cuando esta se relaciona con la gestión de los políticos y particularmente con los que están en campaña. Este escenario es que el que actualmente nos tiene entre padrinos y radares.
En el contexto nacional no es nuevo conocer que los negociados en contratos, los juegos de poder, la presión por las coimas está a la orden del día. Lo que ha molestado es que los acusados de corrupción hasta hace poco embanderaban el estandarte de la transparencia, la honestidad y la libertad de expresión. La narrativa de la narcopolítica deriva en mafias y padrinos con un entramado en el gobierno que provoca indignación y hartazgo en la población.
La respuesta gubernamental ante esta nueva crisis no ha sido del todo satisfactoria, por las tibias y ambiguas señales iniciales y por la tardía reacción ante la contundencia de los hechos denunciados por el periodismo. Nadie está exento de la mancha de la corrupción, es la forma cómo lo enfrentan que los gobiernos se desmarcan de sus antecesores.
En Cuenca la conversación gira sobre los radares. La molestia de la población que usa vehículos de manera privada ha sido permanente por la falta de socialización, por la tiranía del aparato electrónico, o por el asalto al bolsillo que resulta ser el cobro de cada multa. Sin embargo, estas semanas ha generado mayor fuerza la denuncia de corrupción involucrada en los procesos, o, cuando menos, la falta de consideración con la economía de los cuencanos y cuencanas que encuentran en esta iniciativa un abuso del que – como siempre- se benefician unos pocos.
La guerra por los radares ha copado los debates electorales y las promesas de campañas. Pone a prueba la posibilidad de una reelección y ha dado soporte y vuelo a candidaturas que han cuestionado estos procesos que resultan, cuando menos, sospechosos. Hasta la misma Asamblea Nacional se ha manifestado en contra de estos formatos en los contratos y ha solicitado un pronunciamiento desde la Contraloría.
Así, entre padrinos y radares, la ciudadanía se debate en las conversaciones que le permitan aclarar, aunque sea por descarte, las opciones de cara al próximo proceso electoral.
