Lasso entre Fiscalía, juicio político y muerte cruzada

El presidente Guillermo Lasso se adelantó en enviar una carta a la fiscal general Diana Salazar. Cortesía

El presidente Guillermo Lasso puso dos calificativos al informe del ‘Gran Padrino’ aprobado por la Asamblea Nacional (104 votos) que recomienda su juicio político: ‘insustancial e infundado’. Y antes de que llegue el expediente de la Asamblea a la Fiscalía se anticipó y envió una carta.

El Primer Mandatario pidió a la fiscal General del Estado, Diana Salazar, que investigue las afirmaciones que se hacen en dicho informe. En este documento se recomienda enjuiciar políticamente a Lasso por una supuesta ‘comisión por omisión’ en torno a delitos como peculado, cohecho y concusión, que están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En la carta y a través de mensajes en Twitter, el mandatario ordenó a las entidades del Ejecutivo que contesten todos los requerimientos y entreguen la información que sea solicitada por la Fiscalía. Según el presidente, el informe contiene elucubraciones inconexas sobre actos de corrupción en los que “maliciosamente tratan de inmiscuirme”.

He dispuesto que la Función Ejecutiva conteste, con celeridad, todo pedido de información que usted requiera en torno a la investigación…, pero no exclusivamente, respecto de cualquier actividad que hubiera podido desarrollar Danilo Carrera Drouet


Guillermo Lasso Presidente de la República

La carta de Lasso llegó antes que el informe. La resolución aprobada por la Asamblea Nacional dispone entregar una copia del documento a la Fiscalía, a la Contraloría General del Estado, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Consejo de la Judicatura (CJ).

Asamblea

Viviana Veloz, presidenta de la Comisión Ocasional que recomendó el juicio, anunció que están en diálogos permanentes con otras bancadas para dar el siguiente paso en el posible llamamiento a juicio político a Lasso.

Fue diplomática al decir quién presentará la solicitud adjuntado 46 firmas. Sin embargo, Esteban Torres, del PSC, puntualizó que el movimiento correísta Unión por la Esperanza (UNES) son los únicos que cuentan con el número suficiente. Este bloque tiene 47 asambleístas.

Al respecto, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, explica que al momento de presentar la solicitud de juicio político contra Lasso comenzaría el proceso de destitución presidencial. Sin embargo, el trámite es largo y tendrá un actor clave: la Corte Constitucional.

Sin embargo, antes de que el caso pase a manos de la Corte deberá debatirse en la Asamblea. El legislador Juan Fernando Flor, de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), dijo que confían en que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) encuentre reparos en el informe aprobado.

http://54.196.56.88/2023/03/04/asamblea-aprueba-informe-juicio-politico-lasso/

Quintana aún cree que el escenario de la muerte cruzada está distante. Según el proceso, el CAL la recepta la solicitud, verifica la documentación y envía a la Corte Constitucional. “Es probable que la Corte no acepte y vuelva a la Asamblea”, explica.

En el otro escenario que la Corte califique la solicitud de juicio político, el CAL remite el expediente a la Comisión de Fiscalización. Esta es presidida por Fernando Villavicencio, asambleísta afin al Gobierno.

De superar el filtro de la Corte, el llamamiento a juicio político necesita 92 votos en la Asamblea Nacional. Antes de que eso ocurra, pudiera entrar en escena la aplicación de la muerte cruzada. Esta es una herramienta que tiene a la mano el presidente Lasso y la puede activar en cualquier momento.

La aplicación de la muerte cruzada

De acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, el Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional. Podrá hacerlo si considera que esta se “hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional”.

También puede ser “si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna”.

Según el constitucionalista Quintana, la muerte cruzada puede ser aplicada por grave crisis política y conmoción interna y allí no se necesita el dictamen de la Corte Constitucional. En este escenario se disuelve la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral convoca a elecciones y el presidente Lasso podría gobernar mediante decretos en los meses mientras se hacen elecciones.

Por ahora, desde el Gobierno Nacional no se ha dado luces sobre esta herramienta a la que pudiera recurrir. Quito.- (MBP)-(I)