En el periodismo se suele afirma “no hay mejor desinfectante que la luz del sol”, lo que significa que la transparencia y exposición son fundamentales para alcanzar la verdad. Lamentablemente, en instancias de alta magistratura como la Corte Constitucional, la aspiración a la transparencia a menudo se encuentra con barreras.
Aunque en países y en organizaciones internacionales de mayor institucionalidad se han visto casos en las que las Cortes admiten buenas prácticas de transparencia en las deliberaciones, no es, lamentablemente, la circunstancia en nuestro país. En Ecuador se desconoce lo que está sucediendo en la Corte Constitucional en relación con el juicio político al presidente Lasso. Esta falta de información ha generado mayor incertidumbre y especulación entre periodistas, analistas y políticos, lo que pone en riesgo el futuro político y social del país.
Es cierto que la Corte Constitucional no ha hecho nada ilegal al mantener la reserva de la deliberación, al no difundir las conclusiones de la jueza Nuques y, al menos hasta la hora que escribo estas líneas, no exponer las conclusiones de los jueces Ortiz y Lozada. Pero, en un contexto de más robustez institucional, el principio de mayor transparencia podría haber contribuido a reducir la incertidumbre y la especulación. Por desgracia, la situación actual sugiere lo contrario.
En este sentido, resulta fundamental que la Corte Constitucional, como organismo de alta magistratura, actúe con transparencia y madurez, cumpliendo con su responsabilidad constitucional de entregar una decisión sobre el juicio político al presidente Lasso, así sea en modo hermético estilo cónclave cardenalicio. El funcionamiento de las instituciones políticas de un país depende de la actuación transparente y madura de sus integrantes. Por tanto, es necesario respetar su actuación, en el plazo debido, con el objetivo de garantizar el bienestar del país.
