Argumentando una oposición irracional cuyo único norte legislativo ha sido tomarse el Ejecutivo sin importar la institucionalidad, la democracia, peor la suerte del país, el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional a pocas horas de haber comenzado el juicio político en su contra.
Ejecutó el mecanismo constitucional de la muerte cruzada “por grave crisis política y conmoción interna”. Pero la Corte Constitucional (CC) resolverá si el respectivo decreto se ajusta a lo previsto en la ley superior.
De inmediato surgieron las reacciones, en especial de los grupos políticos “golpeados” por la decisión radical del gobernante pero apoyada por un amplio sector de la población, dado el desprestigio total de la Asamblea, la debilidad y errores del mandatario, la incongruencia de ciertos partidos y movimientos a la hora de hacer pactos y alianzas en función de sus intereses, de sacarse de encima viejos enconos, de buscar impunidad para sus actos corruptos, menos de preocuparse por los gravísimos problemas del país.
Es el corolario de casi dos años de una nefasta pugna de poderes, con estallidos sociales de por medio, en la cual todos apostaban por el trono. Buscaron en el juicio político, incluso torpedeando la resolución de la CC y de la propia Ley de la Función Legislativa, la puerta fácil para echar a Lasso del poder.
El triste episodio demostrado por los legisladores interpelantes reveló no solo una conducta visceral, sino cuan perdidos están dentro de su propio entramado, orquestado por los nuevos “mariscales de la componenda”.
Por seis meses, el presidente gobernará a base de decretos-ley, avalados, eso sí, por la CC.
En ese plazo habrá elecciones para completar el periodo presidencial y legislativo actual.
Si finalmente eso ocurre, los ecuatorianos tendrán tiempo suficiente para pensar bien, elegir bien.
