La consecuencia directa de la Muerte Cruzada, además de la disolución de la Asamblea Nacional, es la convocatoria a elecciones extraordinarias para las dignidades a presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales y provinciales. La urgencia de esta condición de excepcionalidad ha movilizado a las instituciones políticas a organizarse con inmediata convocatoria por lo corto que resultan los tiempos para llegar con una propuesta medianamente decente que los ciudadanos puedan decidir este próximo 20 de agosto.
Desafortunadamente, más allá de la urgencia temporal, los partidos políticos no estaban preparados para enfrentar un proceso electoral bajo este nivel de presión. Como resultado, ya se han producido las primeras bajas significativas, que incluso para muchos resultan inconstitucionales, ya que representan un retroceso en los derechos al no cumplir con la disposición de incremento progresivo de la participación de las mujeres en las candidaturas. Aunque el Consejo Nacional Electoral ha decidido no aplicar esta normativa en estas elecciones, los partidos y movimientos políticos se exponen a una sanción moral por parte de la población si no incluyen en sus listas una mayor presencia de líderes mujeres que, con sobrados méritos y formación, solo necesitan una oportunidad.
Otra consecuencia de la premura de los tiempos es la escasez de nuevos cuadros políticos a nivel local y nacional. Como resultado, es probable que aproximadamente el 70% de los nombres de los asambleístas que participaron en los comicios anteriores se repitan, mientras que el 30% restante estará conformado por nombres de candidatos a cargos locales cuyos rostros ya han sido de alguna manera posicionados. Un calendario tan ajustado no permite que los partidos políticos presenten caras nuevas, lo que significa que, si el propósito de la Muerte Cruzada era sancionar moralmente a una clase política que ha decepcionado a la sociedad, la papeleta electoral difícilmente ofrecerá alternativas diferentes por las cuales los votantes se sientan tentados a ejercer su derecho al voto.
Por último, los nombres que se observan como precandidatos tampoco ofrecen garantías de solucionar los problemas profundos que aquejan a la sociedad. Según un estudio realizado a inicios de mayo por Click Research, el principal problema del país sigue siendo la delincuencia, con un 37%, seguido de la corrupción, con un 20%, y la crisis económica, con un 12%. Ante esta complejidad, es evidente que el plan de gobierno no puede abordarse desde una sola perspectiva. La clase política debe asumir su responsabilidad con el país y presentar soluciones integrales en sus planes y candidatos, cuyos perfiles estén a la altura de esta complejidad
