Gobierno chileno critica a constituyente ultraconservador que defendió figura de Pinochet

El Gobierno chileno criticó este miércoles con dureza el discurso de Luis Silva, uno de los constituyentes que en nombre del partido ultraderechista "Republicanos" redactarán la nueva Constitución, quien valoró de forma positiva la dictadura del general Augusto Pinochet.

El Gobierno chileno criticó este 31 de mayo de 2023 con dureza el discurso de Luis Silva, uno de los constituyentes que en nombre del partido ultraderechista «Republicanos» redactarán la nueva Constitución, quien valoró de forma positiva la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

En declaraciones a una televisión local, Silva, el candidato más votado en las elecciones al nuevo Consejo Constituyente, describió al dictador como «un gran estadista» y pidió que «se haga una lectura ponderada de su Gobierno».

«Hay un dejo de admiración porque el hecho de que creo que fue un gran estadista, un hombre que supo conducir el estado», afirmó antes de subrayar que «no se debe «simplificar o reducir con toda la gravedad que tiene esos 17 años a las violaciones de los derechos humanos».

«Porque creo que entonces nos privamos como chilenos de una comprensión equilibrada de nuestra historia y cuando eso ocurre somos muy malos intérpretes del presente. Hay un desafío ahí, especialmente para las generaciones jóvenes, de superar esa lectura dicotómica del gobierno de Pinochet», agregó.

Silva integra el grupo de 51 constituyentes que deben sugerir un texto que sustituya la Carta Magna vigente, escrita en 1981, en plena dictadura.

Tras difundirse los comentarios, la ministra portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, expresó la gran preocupación» por este tipo de discursos e insistió en que el objetivo debe ser hacer «un ejercicio de memoria, de reconocer lo que sucedió en nuestra historia, de no negarlo, de reparar, de señalar la verdad, y hacer justicia, pero a la vez pensar también en nuestro presente, y en nuestro futuro».

«A 50 años del golpe cívico-militar nos preocupa que exista negacionismo y se pretenda validar un golpe de Estado, una dictadura, que violó Derechos Humanos, que masacró a parte de nuestro pueblo y generó heridas hasta el día de hoy», subrayó.

“Más allá de las declaraciones en particular (de Luis Silva), en los 50 años del golpe, no solo valoremos la democracia y el respeto a los derechos humanos, sino que trabajemos en el presente por fortalecerla. Porque todos los problemas de la democracia hay que solucionarlos, como decía el presidente, con más democracia, y nunca con menos, y nunca con salidas fáciles o autoritarias”, agregó.

En la misma línea, la ministra de Interior, Carolina Toha, hija de un ministro del Gobierno derrocado durante el golpe de estado de 1973, opinó que «ningún dictador merece admiración. Ciertamente, Pinochet que lo conocimos de cerca no, ni él ni ningún otro».

La polémica estalla 24 horas después de que se publicara el resultado del reconocido Barómetro CERC-MORI, que examina la transición chilena desde 1989, en le que se apuntó que más de un tercio de los chilenos apoyan el legado de un régimen autoritario que se hizo con el poder a través de las armas en 1973 y emprendió una sangrienta represión de la que todavía hoy, medio siglo después, miles de familias de detenidos desaparecidos sufren sus consecuencias.

«Pinochet recupera imagen y la dictadura no es condenada unánimemente. (…) No existe en occidente ningún otro dictador que haya sobrevivido el paso del tiempo como lo ha hecho Augusto Pinochet», asegura el citado estudio, en el que se detalla que el 36 % de los chilenos piensa que los militares «tenían razón» para dar un golpe de Estado, otro 36 % dice que Pinochet «liberó a Chile del marxismo«, y un 39 % cree que el dictador «modernizó la economía chilena».

Tras conocerse el Barómetro, el ministro chileno de Justicia, Luis Cordero, fue le primero en expresar la preocupación por el alto porcentaje.

La controversia coincide, además, con la noticia de que un grupo de diputados oficialistas prepara una propuesta de proyecto de ley que tipifica y sanciona el negacionismo de violaciones a los Derechos Humanos, incluso con penas de prisión de hasta 61 días. EFE