Este viernes 9 de agosto se cumple un año del asesinato del entonces candidato presidencial, Fernando Villavicencio, además periodista.
Gracias a sus investigaciones el país conoció cómo la corrupción a todo nivel, y el narcotráfico emparentado con parte de la justicia y la política, minaron la estructura del Estado.
Sobre los autores materiales de aquel crimen político, no de otra manera puede llamárselo, a unos los asesinaron en la cárcel; otros, hace poco, fueron condenados.
¿Y los autores intelectuales? Por el momento nada se sabe sobre quienes urdieron el asesinato, aprovechando la poca protección del Estado.
No pocos políticos corruptos y con sed de venganza, más las mafias de toda índole, habrían deseado con vehemencia la desaparición física de Villavicencio.
Todo el país exigió justicia y cero impunidad, pero todos los caminos llevan en reversa. Cuanto se ha hecho está inconcluso mientras no se sepa y se castigue a los autores intelectuales, sin lugar a dudas, bien camuflados y protegidos.
Y ese reto lo tiene la Fiscalía General cuyas investigaciones, así lo queremos entender, continúan.
Investigaciones de tipo político como las urdidas en la Asamblea Nacional, si bien no están demás, a todas luces están contaminadas, direccionadas, hasta para desviar la atención, molestar a la Fiscalía, cuando no para culpar del asesinato a la delincuencia común, algo parecido a la “conclusión” de cuando lo mataron al general Jorge Gabela, e incluso endosar responsabilidades al entonces presidente Guillermo Lasso.
Si bien los informes no son vinculantes, el hecho de existir uno de mayoría, otro de minoría, cada cual con sus conclusiones y subjetividades, revela el tufo del trasfondo.
Sobre aquel execrable crimen, si no luce la verdad completa y se castiga a todos los involucrados, especialmente a quienes lo planificaron y pagaron, el país nunca estará en paz. Al contrario, le cubrirá la sombra de la impunidad.
