“Piensa mal y acertarás” dice un refrán popular que, lamentablemente, suele confirmarse en las actitudes políticas en Ecuador. Esta permanente actitud de sospecha ha llevado a la población a un estado de desconfianza hacia la clase política que, a su vez, debilita los cimientos de la democracia.
Un ejemplo reciente de esta dinámica ocurrió durante los prolongados apagones de hasta 14 horas. En medio de esta crisis, el presidente Noboa utilizó una Cadena Nacional para anunciar el supuesto hallazgo de dos mil hectáreas de plantaciones de coca. Sin embargo, autoridades de las Fuerzas del Orden desmintieron posteriormente esta información. Para ese momento, con los cortes de luz reducidos a tres horas, cualquier aclaración ya había perdido relevancia frente al daño causado. La forma, en este caso un discurso en cadena nacional, ocultó la intención de fondo: distraer a la población ante la molestia social generada por los cortes de energía.
El recurso de desviar la atención no se detiene ahí. El más reciente ejemplo es la publicación «a la brava» de la “Ley Antipillos” en el Registro Oficial, realizada de manera abrupta por el Ejecutivo, sin contar con la certificación de trámite de la Asamblea. Este acto ha desatado numerosas críticas políticas y jurídicas. Si bien podría argumentarse que el gobierno actuó bajo los márgenes legales —algo que la Corte Constitucional deberá evaluar—, la decisión de no esperar y proceder de manera unilateral, ignorando el rechazo de la Asamblea con más de 80 votos, resulta preocupante.
El análisis de fondo revela otra línea estratégicas detrás de esta acción, claramente orientadas hacia un beneficio político-electoral. Algunos pueden decir que el gobierno busca imponer una agenda pública distinta, centrada en el combate al lavado de activos, el fortalecimiento de la UAFE, la enajenación de bienes y el aumento de impuestos, particularmente en vehículos usados. Además, se abre la puerta a nuevas modalidades de pago, como las criptomonedas. Sin embargo, esta forma, plantea un trasfondo: este enfrentamiento directo con la Asamblea posiciona al Ejecutivo como el antagonista natural de la clase política tradicional, una postura que resulta altamente seductora en tiempos electorales.
La rentabilidad política parece ser el motor detrás de esta decisión. Apostar por medidas abruptas puede generar réditos electorales, al menos según la lógica que parece operar en Carondelet y que algunos sectores de la conversación digital han calificado como exitosa. Yo, al menos, la consideraría sospechosa. (O)
@avilanieto
