
En un Estado de derecho, la rendición de cuentas no es opcional; es un deber fundamental de todo servidor público, desde el más alto cargo hasta las bases operativas. Este principio refleja respeto hacia la ciudadanía y fortalece la democracia al garantizar que las acciones de quienes ejercen poder sean transparentes y estén sujetas al escrutinio. Sin embargo, en el Ecuador actual, ejemplos recientes evidencian el incumplimiento de esta obligación, poniendo en riesgo la legitimidad institucional.
La intervención de la Corte Constitucional para suspender la aplicación de la ley “Antipillos” recordó que ningún poder del Estado puede actuar al margen del marco legal. De igual manera, la sanción injustificada a la vicepresidenta, posteriormente revertida con disculpas públicas, subraya que cualquier atropello al debido proceso será, a la larga o a la corta, cuestionado y corregido.
En este contexto, las Fuerzas Armadas también deben someterse a la rendición de cuentas, especialmente ante casos graves como la desaparición forzosa de cuatro niños. Este lamentable episodio exige no solo respuestas claras ante la justicia, sino también ante la ciudadanía, que demanda transparencia y responsabilidad en el manejo de una situación que vulnera derechos fundamentales. Ignorar estos llamados no solo erosiona la confianza pública, sino que mina los pilares mismos de la democracia.
La Asamblea Nacional, guste o no, es la voz del pueblo, y su función fiscalizadora debe ser respetada. Responder a sus llamados con transparencia no es solo una obligación legal, sino una necesidad ética para fortalecer las instituciones y restaurar la credibilidad del Estado. En una democracia sólida, rendir cuentas no es una carga, sino una oportunidad de demostrar compromiso con la legalidad y con el pueblo que se representa.