Una transformación en el sistema de justicia es una propuesta en la que coinciden la mayoría de las 18 listas de candidatos a asambleístas de Azuay.
La corrupción en el sistema judicial ha afectado la imparcialidad y eficiencia de los procesos judiciales. Casos de sobornos y tráfico de influencias permiten que delincuentes eviten sanciones y queden impunes.
La ciudadanía percibe que la justicia favorece a quienes tienen poder económico o político, y la falta de transparencia en la designación de jueces y fiscales genera dudas sobre su independencia y compromiso con la ley.
Además, los constantes escándalos de jueces involucrados en actos ilícitos han erosionado la credibilidad del sistema, lo que ha llevado a muchas víctimas a no denunciar delitos por temor a la falta de justicia objetiva.
Igualmente, el temor a represalias y la percepción de impunidad desmotivan a la población a confiar en las instituciones. La ausencia de sanciones efectivas contra funcionarios corruptos refuerza la desconfianza en el sistema judicial.
Depuración judicial plantean candidatos a asambleístas de Azuay
Frente a esto, los postulantes a legisladores azuayos plantean impulsar desde el Legislativo un proceso de depuración, especialmente en el Consejo de la Judicatura (CJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Proponen reformas que garanticen la selección de jueces y fiscales mediante criterios de meritocracia y transparencia, con el objetivo de evitar influencias políticas en estos nombramientos.
Además, plantean auditorías a las decisiones judiciales y sanciones a funcionarios que favorezcan a criminales, pues consideran esencial eliminar las redes de corrupción que operan dentro del sistema judicial.
También se propone fortalecer el control ciudadano mediante veedurías y plataformas digitales que permitan el acceso público a los procesos judiciales, con el fin de recuperar la confianza en las instituciones.
Entre los planteamientos también figura el pedido a organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para organizar concursos de designación de funcionarios judiciales.
Estos concursos permitirán evaluar a los candidatos de manera objetiva, sin presiones externas, promoviendo un sistema judicial más eficiente y en sintonía con los principios democráticos.
Con el respaldo de organizaciones internacionales, se pretende establecer mecanismos que fortalezcan la independencia judicial, asegurando que los seleccionados estén comprometidos con el bienestar público.
Jueces sin rostro plantea candidatos a asambleístas de Azuay
Los candidatos también plantean incluir en los procesos judiciales a jueces sin rostro, una medida destinada a proteger la identidad de los magistrados en casos de alta vulnerabilidad.
Este enfoque busca garantizar que los jueces puedan desempeñar sus funciones sin temor a represalias o amenazas por parte de organizaciones delictivas o poderosos actores externos.
Con la implementación de jueces sin rostro, se espera fortalecer la independencia judicial, permitiendo que las decisiones sean tomadas con mayor objetividad y sin presiones externas que comprometan el proceso.
Visión de especialista sobre propuesta de candidatos a asambleístas de Azuay
Para Paúl Moscoso, abogado e investigador en sistemas anticorrupción, blindar el sistema judicial contra la corrupción requiere implementar una selección de jueces basada en méritos y sin injerencias políticas.
Recomienda la creación de tribunales independientes, supervisados por organismos internacionales, para garantizar decisiones imparciales y libres de presiones, protegiendo la integridad judicial.
Además, para Moscoso es clave establecer un sistema de rendición de cuentas claro, donde los jueces y funcionarios del sistema judicial enfrenten consecuencias por actos de corrupción o conductas indebidas.
Sugiere la implementación de auditorías externas y evaluaciones periódicas para asegurar que los procesos judiciales se ajusten a los más altos estándares éticos y de transparencia, evitando conflictos de interés.
Finalmente, propone la protección de los denunciantes y la promoción de una cultura de cero tolerancia hacia la corrupción dentro de las instituciones para contribuir a mantener la confianza pública en el sistema.
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