Las duras secuelas que quedan después de un femicidio: niños y adolescentes en orfandad, y familias que se quiebran frente a un Estado ecuatoriano que no puede integrarse para atender como es debido a estas víctimas colaterales.
Según compartió la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA), por los femicidios o feminicidios (como lo denominan los colectivos a favor de las víctimas) ocurridos desde el 2014 hasta el año anterior, 1526 niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad.
Ellos son las otras víctimas de los 1.378 femicidios, entre el 2014 y el 2022. Los crímenes de mujeres siguen como un hecho que abruma y que no se detiene en Ecuador, de acuerdo a la información recogida por ALDEA.
Los hijos de las víctimas, además de sufrir la muerte de sus madres, tienen que continuar con un proceso que no termina por repararse, a pesar de que por ley debería haber una reparación integral.
“Entre las medidas de reparación incluye que los agentes, cuando hay un hecho violento con hijos o hijas, deberían empezar a hacer el registro. Quiénes son, las edades, su situación escolar, con quién se van a quedar”, explicó Geraldina Guerra, presidenta de ALDEA.
Este registro es clave porque permite empezar con la reparación a las víctimas directas que dejan los feminicidios. No obstante, en este primer proceso, según la dirigente, al Estado ecuatoriano se le pierde el registro de los niños, niñas y adolescentes.
Una reparación que no llega
En Ecuador, al hablar de reparación, no solo se trata de la parte económica, sino de la situación física y psicológica de los hijas e hijas de las víctimas de violencia contra la mujer, de los familiares que tuvieron una relación con ellas.
Si bien las instituciones gubernamentales suelen llegar con ayudas, a través de kit alimentarios o atención médica, esto no forma parte de un proceso que realmente repare a las víctimas de los feminicidios.
“La reparación en salud y psicológica lo cumplen con una a dos consultas por parte del Ministerio de Salud Pública. No se persiste en los casos. No hay programas centrados en, al menos, un año de prioridad. Ni tampoco en la Fiscalía”, comentó a El Mercurio Sonia Salamea, presidenta de la Red de Familias de Víctimas de Femicidio.
Sonia es una cuencana que forma parte de ese grupo de mujeres que conoce de cerca la realidad que viven las familias tras un feminicidio. Por esa misma razón es que busca con sus compañeras que la atención sea efectiva, que la ley se cumpla y que “no solo quede en un papel”.
Para ALDEA, los jueces también tienen la potestad, cuando se dicta una sentencia, de obligar a las instituciones estatales a que atiendan a las víctimas directas de los feminicidios, y no que las víctimas se acerquen a buscar la ayuda. Pero no pasa.
“Lo que tienen que hacer (los jueces) es poner las medidas en escrito y quién lo va a hacer. No es solo poner acompañamiento psicosocial. ¿Y a quién dispone? Porque cómo actúas en el seguimiento de una sentencia. Si no lo ponen, es letra muerta”, acotó Geraldina Guerra.
Un bono burocrático
En 2019, el entonces gobierno de Lenín Moreno creó un bono económico para entregar a los hijos menores de 18 años de las víctimas de feminicidio. Pero, para recibirlo, entre otros requisitos, se necesitaba una sentencia, lo cual podía demorar años en dictarse.
Ante ello, el 8 de marzo de 2022, el presidente Guillermo Lasso modificó los requerimientos y estableció que, una vez que se inicia la investigación previa, se puede entregar un bono mensual de 125,33 dólares (cuando es solo un hijo), 183,30 (cuando son dos), y 230,48 (cuando son tres hijos).
No obstante, aun así, para los colectivos y organizaciones todavía sigue siendo burocrático. Desde establecer un tutor hasta contar con certificados de salud forman parte de los requerimientos previo a la entrega de la ayuda económica.
¿Qué pasa con aquellas familias cuyos hijos e hijas son numerosas?, se preguntó el fiscal del Azuay, Leonardo Amoroso.
Un ejemplo de ello se registró el año pasado, en Cuenca. Tras el asesinato de una mujer, cinco menores de edad quedaron en la orfandad.
“Urge una reforma a este tema del bono. En eso nosotros estamos empeñados para que se dé… Está bien que haya un bono, la intención es súper buena, pero y el ¿resto? ¿Y el resto de muertes violentas?”, enfatizó Amoroso a diario El Mercurio.
Reparación a través de ley
Luego de que ALDEA presentara los datos sobre los feminicidios ocurridos en Ecuador, el 18 de enero, la titular del Ministerio de la Mujer Derechos Humanos, Paola Flores, reconoció en una entrevista con un medio radial que se tiene que trabajar en una política de reparación para las víctimas.
Flores, que dejó la concejalía de Cuenca el año pasado para laborar con el gobierno de Lasso, agregó que hay “varios hitos” en los que se tiene que trabajar.
Entre esos hitos está una ley de reparación, que se espera que haya una verdadera atención a los niños, adolescentes y familiares que perdieron a una mujer por la violencia. (I)
