En solo cinco días, en Cuenca, tres presuntos delincuentes fueron agredidos por grupos de ciudadanos que dicen estar cansados de la delincuencia y de la falta de acción de las entidades de control. Esto se da en medio de un movimiento barrial y comunitario que promueve marchas en toda la ciudad.
Tomarse la justicia por mano propia es ilegal y podría traer consecuencias jurídicas. En Ecuador, la agresión física se sanciona con pena privativas de 30 días a 5 años y, en los casos de asesinato, de 22 a 26 años de prisión.
Recientes hechos delictivos, sumado al temor ciudadano, más la poca credibilidad en las entidades encargadas de la seguridad dan como resultado marchas y multitudes que buscan ejercer su propia defensa contra sospechosos de actos delictivos.
Pero ¿hasta donde pueden llegar y hacer uso de la legítima defensa? Lo máximo que pueden hacer los ciudadanos es retener al sospechoso, en caso de delito flagrante. Pero no es legal agredirlos.
Desde la Defensoría Pública se explica que el artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) permite a cualquier persona aprehender a quien se encuentre cometiendo delito flagrante, no obstante, debe comunicarse inmediatamente con la Policía Nacional para que el o los agentes realicen la detención correspondiente.
El experto en derechos humanos, César Zea, sostiene que el derecho a la legítima defensa es permitido, pero su extralimitación constituye un delito.
“La inseguridad que viven los ciudadanos hace que sientan desesperación… más cuando no hay una verdadera reacción del Estado y de los organismos llamados al control público… esto hace que busquen alternativas para defenderse”, explicó. Y ratificó que “la justicia por mano propia es ilegal”.
En caso de tomarse la justicia, los agresores pueden ser identificados y llevados a procesos judiciales.
Daniela Chacón, experta en temas de seguridad en barios y comunidades, explicó que la respuesta al fenómeno tiene su origen en factores como: la desconfianza en las instituciones de seguridad, la impunidad de los delitos y el aumento de los índices de inseguridad.
Con estas referencias, asegura Chacón, las personas sienten que están a merced de la delincuencia y que deben asumir la responsabilidad enfrentarse a estos malos ciudadanos. “Esto solo genera más violencia”, explicó la experta.
Recomendó equiparse tecnológicamente, pero insistió en que no lo es todo. “Si los barrios se organizan bien, habrá mejor respuesta… la tecnología es complementaria, si los barrios no están organizados, no sabrán como responder”, argumentó.
Casos
Mientras tanto, las agresiones y la violencia aumentan en Cuenca. En menos de una semana, cuatro personas, sospechosas de cometer delitos, fueron agredidas por grupos de personas que alegan “sentirse abandonados y no hallar otra solución que dar tundas a los presuntos delincuentes”.
La agresión más reciente se dio este lunes en la Feria Libre. Un sospechoso fue agredido por un grupo de unas ocho personas que lo sometieron y lo golpearon. Lo llamativo es que lo hicieron en presencia de un agente de la Policía, como muestra el video difundido en redes sociales.
El pasado 21 de abril, al interior de la Feria Libre, un sujeto habría robado una panadería y luego una bicicleta. Los comerciantes del sector, lo agarraron y agredieron, además lo bañaron para, finalmente, entregarlo a la Policía.
El 20 de abril, cerca de las 11:00, en la Luis Cordero y Vega Muñoz, ciudadanos del sector sometieron a un sospechoso y lo golpearon.
Norma alternativa
Para los docentes e investigadores Eduardo Díaz y Alcides Antúnez, la historia devela que las sociedades indígenas, en Ecuador, “generaron prácticas sociales con el fin de regular las relaciones entre sus miembros y resolver los conflictos que pudieran presentarse, de lo que hoy se reconoce como Derecho Indígena”.
Con esto argumentan que la materia judicial indígena es muy antigua, pero que tiene sus propias normas de aplicación y procedimientos.
Para entenderlo mejor, el portal web ‘Territorio Indígena y Gobernanza’ detalla que “la justicia indígena es el conjunto de normas basadas en valores y principios culturales propios, con procedimientos y prácticas propias que regulan la vida social en la comunidad y el territorio”.
Además, detalla que las reparaciones a transgredir estas normas pueden ser por la vía de la recomposición, la compensación, y/o la remediación de los daños causados. Según el portal especializado, el castigo no es la única vía, como se observa en la justicia ordinaria u occidental.
Antecedente legal
La justicia indígena se fortaleció con la Constitución del 2008 y está señalada en el artículo 171. Según este apartado, se reconoce que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas pueden aplicar normas y procedimientos propios de sus tradiciones para la solución de sus conflictos internos.
Con la emisión del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en agosto de 2014, se establece que se puede aplicar los principios de la justicia indígena siempre y cuando dicha sanción no esté en contra de la Constitución ni de los derechos humanos. (FCS) – (I)
Controles en las calles
La ciudadanía espera que los operativos de seguridad y control se mantengan de manera permanente y rotativa. El abogado y exjuez penal, Simón Valdivieso, señaló que no existen políticas públicas en seguridad y la función judicial que no responde a las necesidades de los ciudadanos. Para él, la justicia está en entredicho y la gente recurre a la justicia por mano propia, algo es “es lo peor que puede haber”, destacó. (I)
