El Ecuador recuerda los 18 días del paro decretado hacía un año por la CONAIE y sus filiales, aupado por determinados sectores políticos, unos desde las sombras; de forma desembozada, otros.
Dicha movilización, como la ocurrida en octubre de 2019, degeneró en violencia extrema. De no ser por la intervención de la Iglesia Católica, el desenlace hubiera sido más desastroso, incluyendo la destitución del presidente Guillermo Lasso, si bien la intención, argumentando “conmoción social”, no prosperó en la Asamblea por falta de votos.
Implicó más de USD 1.200 millones en pérdidas, en especial en el sector privado, varios muertos, cientos de heridos y la destrucción parcial de Quito, muestras evidentes de la violencia protagonizada por ejércitos de vándalos bien entrenados.
¿Y cuáles son los “frutos” de semejantes acciones, más allá de dividir al país, de propiciar la desestabilización o de querer legitimar los “estallidos”?
La mediación de la Iglesia significó la firma del Acta de Paz y la subsiguiente instalación de diez mesas de diálogo cuya finalidad era buscar solución a las peticiones hechas por los movilizados. Entre ellas, la rebaja del precio de los combustibles, la focalización de los subsidios y la condonación de deudas de la banca pública.
Un año después, el Gobierno dice haber cumplido la mitad de las peticiones, como la referida condonación, el otorgamiento de créditos a microempresarios, y el incremento del presupuesto de la Educación Intercultural Bilingüe, habiendo perdido su control el Estado.
Para las organizaciones indígenas, lo cumplido “es casi nada”, si bien destacan el congelamiento del precio de las gasolinas y el diésel.
Con el pasar del tiempo, el trabajo en las mesas de diálogo fue intermitente y con reproches mutuos. Finalmente, dichas organizaciones se retiraron. Esperarían, más bien, la instalación del nuevo Gobierno.
