El reciente caso de Christian Zurita puso nuevamente en la palestra pública el uso de firmas falsas para el registro de organizaciones políticas.
Christian Zurita, quien reemplazará al fallecido Fernando Villavicencio como candidato presidencial, estuvo a punto de quedarse fuera de la contienda electoral por incumplir con un requisito legal en el que no tenía ninguna responsabilidad, pues había sido afiliado al movimiento Reto sin su consentimiento y esto lo inhabilitaba de participar por el movimiento Construye.
Según el registro que el Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo público antes de las elecciones seccionales del pasado febrero, más de cuatro millones de ecuatorianos son afiliados o adherentes de algún partido o movimiento político, aunque muchos lo desconocen, pues sus firmas han sido utilizadas sin su consentimiento, falsificándolas.
El desconocimiento de las personas se da pese a que este requisito les podría impedir ser contratados en algunas instituciones públicas, formar parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, o participar en política por una organización distinta en la que están registrados, como estuvo a punto de pasarle a Zurita.
Las personas pueden verificar si han sido afiliadas a alguna organización política obteniendo el certificado de apoliticismo, que lo otorga el Consejo Nacional Electoral (CNE) de forma virtual.
Problema de larga data
El uso de firmas falsas para aprobar partidos y movimientos no es nuevo, en el 2012 saltó a la luz pública cuando el CNE habilitó un mecanismo para que los ciudadanos consulten si estaban afiliados a alguna organización política, tras lo cual miles de personas presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado por el uso incorrecto de su rúbrica, lo que obligó al CNE a realizar la revisión de las firmas presentadas, esto no solucionó el problema.
Más tarde, en el 2019, la Contraloría y el CNE entraron en pugna porque el ente de control le exigió eliminar del Registro de Organizaciones Políticas a cuatro partidos y movimientos que habían presentado firmas falsas para su registro, este caso tampoco prosperó.
Para Medardo Oleas, exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, en este caso ha existido falta de voluntad política del CNE para solucionar el problema, pues bastaría con hacer una revisión exhaustiva de las firmas presentadas para, como se lo hizo en el caso de Christian Zurita, comprobar que la mayoría son falsas y que para incluirlas en la inscripción de una organización política no se contó con la autorización del afiliado.
“El problema es que tenemos un CNE altamente politizado, que no ha guardado la independencia, en el que priman intereses políticos, así difícilmente se va a cambiar esta realidad”, afirmó Oleas.
Para Alfredo Espinosa, experto en temas electorales, esta irregularidad solo se solucionará si se cambian las reglas de juego, pues la inscripción de una organización política, con la sola presentación de rúbricas, ha dado paso a un “mercado negro de firmas”, en el que se venden talonarios llenos, listos para inscribir a la organización política.
Gran cantidad de candidatos
Como resultado de la facilidad que tienen los partidos y movimientos políticos para registrarse, solo en las elecciones seccionales del pasado febrero el CNE realizó la inscripción de más de 400 organizaciones políticas a nivel nacional, que registraron más de 8.500 candidatos.
Para Medardo Oleas, esto menoscaba el sistema democrático del país, principalmente porque esta gran cantidad de candidatos y organizaciones políticas impide que los ciudadanos conozcan sus propuestas y voten de forma consciente.
“Si en democracia una persona no conoce ni quienes son los candidatos, difícilmente dará un voto válido, por eso es urgente regular estas inscripciones. Además, es público que las firmas son falsificadas y la creación de un partido no puede estar fundado sobre la base de un acto ilícito”, aseguró el experto.
