Mientras restan cuatro días para el fin del estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno para luchar contra los grupos de delincuencia organizada, el Gobierno intenta reacomodar sus estrategias, esta vez incluyendo a municipios y prefecturas.
De paso, el presidente Daniel Noboa busca evitar las críticas, fundamentadas o no, sobre su plan de seguridad tras los hechos sangrientos ocurridos en estos días.
Con ese fin asiste a operativos ejecutados por el Ejército y la Policía para capturar delincuentes, decomisar droga y armas; viene a Cuenca para presenciar el cierre de un túnel excavado en la cárcel de Turi; o visita al Grupo de Intervención y Rescate, en Manta, repitiendo su discurso de no dar marcha atrás en la lucha contra el terrorismo, ni “para hacerse el gil, como gobernantes pasados”.
Los ecuatorianos sabrán interpretar esas acciones y expresiones, como lo han hecho alcaldes y prefectos al involucrárseles en el Programa de Gobernanza Local y Seguridad Ciudadana, presentado recién por el Ministerio del Interior, aunque sin haberlos considerado para su elaboración.
Es reiterativo decirlo, pero en la lucha por recuperar la paz social enfrentando con todo el poder de la ley y la fuerza del Estado a los grupos criminales, todos deben arrimar el hombro.
Empero, conocer recién la existencia de ese programa, lleno de buenas intenciones y de una retórica digna de mejor suerte, resulta inquietante, mucho más si municipios y prefecturas, pese a últimos desembolsos, sufren penurias económicas.
Se les pide reactivar los consejos cantonales de seguridad y la “recuperación del tejido social”. En el primer caso, sin dinero; en el segundo, trátase, precisamente, de esa retórica.
Hay municipios pequeños, medianos incluso, cuyos territorios son de alta conflictividad por la delincuencia, pero están desprovistos de recursos.
El Gobierno debe ser claro y concreto sobre su propuesta post estado de emergencia.
