Nos acercamos a los seis meses de gobierno de Daniel Noboa y podemos decir que ha superado este lapso con buena nota. Logró aplicar una medida necesaria como el incremento del IVA con el fin de evitar el colapso de la caja fiscal, y aunque ello tenga consecuencias en un mayor costo de vida, los contribuyentes siguen creyendo en la voluntad del gobierno de mejorar la gestión nacional. Allí es justamente donde se definirá cómo el gobierno logre pasar el año.
Un país no se reactiva solamente elevando impuestos o luchando contra la delincuencia. A estas medidas se debe sumar disciplina para ‘poner en forma’ a sectores cuyo peso no impide liberar recursos para destinarlos a inversión o para atender demandas de la ciudadanía. En otras palabras, hay que ‘descremar’ la burocracia mediante un esfuerzo sostenido de racionalización del gasto corriente, cuyos efectos no se verán de la noche a la mañana sino en un par de años, pero con beneficios virtuosos a lo largo del tiempo.
En este sentido, el presupuesto de 2024 contempla un incremento del gasto público en 4.000 millones de dólares, es decir un 16% más que en el 2023. Gran parte de esos recursos provendrán de las medidas de ajuste tributario que lo asumen los ciudadanos y que podrían ascender a 3.500 millones de dólares. El origen de esta carga acarrea el riesgo de golpear a la economía pues implica menos dinero en manos de los ciudadanos para consumir, menos dinero en las empresas para invertir y menos dinero en el sistema financiero para prestar.
Y es aquí en donde cabe preguntarse entonces ¿dónde está el aporte del Estado para reducir el gasto?
Los efectos del IVA se verán desde junio y cuando el gobierno comience a recibir recursos, el aparato económico se reactivará. El Ejecutivo tendrá dinero, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) recibirán dinero del gobierno central, pagarán a sus proveedores y eso generará movilidad económica. Sin embargo, esto no puede distraernos de la necesidad de privilegiar el gasto, y aquí el concepto de ‘descremar’ excesos se extiende también a los GAD. Ellos deben explicar claramente el destino del dinero que se les entrega, mediante una verificación de la planificación que muestren y que debe ser previa a la aprobación de la asignación de recursos.
Cada entidad debe tener una férrea vigilancia de la Contraloría. Ni el gobierno central ni los GAD no son dueños del dinero que administran. Esos recursos son de los ecuatorianos que aportan con sus impuestos. De ahí la responsabilidad en el gasto.
Descremar para atender a un paciente que necesita liberar sus venas para que fluyan mejor los recursos. Descremar para estar mejor posición hacia el 2025, pues debemos recordar que el problema fiscal no desaparecerá. El año próximo los tributos temporales ya no estarán, los ingresos fiscales volverán a descender y si no se racionaliza el gasto público, el paciente volverá nuevamente a estar al borde del colapso. (O)
