Si la “guerra arancelaria” emprendida por el presidente de EE.UU. Donald Trump preocupa a más de medio mundo, la masiva expulsión de migrantes indocumentados debe poner en aprietos a los países de los cuales salieron.
Hay casos muy puntuales en esta materia. Según información difundida en estas últimas horas, Trump revocará el Estatuto de Protección Temporal, aprobado en 2023, para algo más de 300 mil migrantes venezolanos. Con este documento, ellos pueden residir y trabajar legalmente en territorio americano. Vence en septiembre de 2025.
Según ha trascendido, tras la reunión con el enviado especial de Washington a Caracas, Ric Grenell, el presidente Nicolás Maduro, cuyo gobierno no reconoce Trump, se habría comprometido a transportar y recibir a sus connacionales deportados. A cambio, liberaría a seis presos estadounidenses.
Mientras se aplique aquella decisión, otros venezolanos no beneficiados con el TPS, incuantificables, están entre los potenciales migrantes expulsados, como lo están otros cientos de miles de otros países, entre ellos del Ecuador.
Todos conocen la precaria situación económica y social de Venezuela, gobernado desde hacía un cuarto de siglo por una corriente política con visos de dictadura, salpicada por la corrupción, donde la pobreza y extrema pobreza han empujado a unos 8 millones de venezolanos a huir de su país.
En semejantes condiciones, sin casi ningún futuro en su patria, finalmente ¿a dónde irán esos cientos de miles de migrantes expulsados de EE.UU.? ¿Se quedarán en Venezuela? ¿Optarán, a lo mejor, de, asimismo, huir y aventurarse por aquellos países donde radican o deambulan quienes huyeron antes?
Trump, por un lado, califica a Maduro de dictador, no reconoce su gobierno por haber cometido fraude electoral; por otro, no tiene recato alguno, ni siquiera por humanidad, para enviar a casa a miles y miles de venezolanos, cuya diáspora podría provocar otra crisis migratoria en los países de la región.
