Crecen las críticas sobre la integración de la Asamblea Nacional en base a la mayoría, por muchos calificada de frágil, conformada por el oficialismo y sus aliados circunstanciales.
Una mayoría, si bien no tan aplastante, pero suficiente para arrinconar al bloque correísta, como para recordarle los viejos y no tan viejos tiempos, cuando a los opositores ni siquiera les concedía la palabra, les condenaba al ostracismo total en las diversas Comisiones, y cualquier intento fiscalizador era basureado.
Para muchos, aquel movimiento, por su peso político y por el número de asambleístas no puede ser echado de menos. Al contrario, dicen, debió ser considerado en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y en las Comisiones, incluyendo las claves dentro del andamiaje de la legislatura.
Todo Gobierno busca hacerse de una amplia y consistente mayoría en la Asamblea. Esto le permite, de alguna manera, tener vía expedita para aprobar sus proyectos de ley, reformar otras, hasta evitar posibles censuras a los ministros y otras trabazones.
El Régimen, como casi todos los sectores políticos, conoce a fondo el modo de actuar de aquel movimiento, sus propios intereses, su visión sobre el manejo económico, sobre el rol del Estado, sus aliados internacionales, hasta la Constitución a su favor, diseñada en función de su proyecto.
Posiblemente esto pesó a la hora de integrar la nueva Asamblea. El Gobierno tendrá sus razones, como la tienen quienes desde la crítica y al análisis no ven correcto la “nueva aplanadora”, argumentado ser poco democrático, reeditando viejas prácticas.
Sin embargo, el quid del asunto será ver cuánto tiempo durará aquella mayoría, para qué nomás será funcional. No será para alzar la mano en todo.
En democracia, un Gobierno sin oposición es inconcebible, se causa daño a sí mismo; pero, igual, si no tiene mayorías sólidas, se empantana y hasta puede ser echado del poder. Experiencias las hay.
