La oferta electoral del presidente Daniel Noboa era convocar a Asamblea Constituyente.
No formó parte de su plan de trabajo. La lanzó y tuvo amplia acogida.
Ya reelecto, esa propuesta fue difuminándose.
Opta por enviar proyectos de ley con el carácter económico urgente a la Asamblea Nacional, aprovechando la mayoría coyuntural a su favor.
Lo hace “a paso de vencedores”. Una tras otra, como para no dar respiro al Legislativo. Ya aprobadas, dispone su publicación inmediata en el Registro Oficial. Ni siquiera las veta.
Así ocurrió con las Leyes de Solidaridad, de Inteligencia, de Integridad Pública. Proyectos de otras, con seguridad estarán en camino, mientras no hay ninguna proveniente de la Asamblea.
Los proyectos del Ejecutivo, ya en la Asamblea cambiaron de nombres. Como si esto fuera poco, la mayoría oficialista introdujo cambios de fondo a los articulados, creó otros, con lo cual los originales cambiaron sustancialmente.
De esa forma se han reformado varias leyes preexistentes. No guardan relación entre sí, es decir no cumplen con el principio de unidad de materia.
Bien podrían considerarse como una mezcolanza de todo; en sentido más figurado, una fanesca.
Si antes, con reglamentos o decretos se pasaban por encima las leyes, y con estas se trasteaban la Constitución, ahora ocurre algo similar con las propuestas legales bajo el paraguas de económicas urgentes.
El Gobierno prioriza los efectos inmediatos, sin importarle los colaterales, entre ellos la conculcación de derechos.
Están en marcha demandas de inconstitucionalidad planteadas por varias organizaciones, el cooperativismo y hasta por partidos y movimientos políticos. En otros casos, para suspender la aplicación de las leyes se solicitarán medidas cautelares.
Resolver tales demandas, a la Corte Constitucional podría tomarle meses, años incluso.
El proceder del Ejecutivo, ¿responde a algo calculado como en el caso de la Judicatura?
