El tema propuesto en esta entrega tiene que ver con la necesaria puesta en orden de la casa de todos nosotros, que es el estado ecuatoriano. Con persistencia se denuncia la irrupción del delito, del crimen organizado y de la corrupción como los grandes males que afectan la vida y seguridad de los ciudadanos que integramos la nación, ya que desde nuestras raíces y por el hecho en sí bendecido de haber nacido en este mundo nuestro, ya somos ciudadanos ecuatorianos, con todos los derechos y obligaciones que la Constitución y la condición y calidad de personas humanas nos confiere: el derecho a la vida y a una vida digna, con todas las facultades y deberes como es la titularidad de los bienes jurídicos en la óptica irrenunciable de la seguridad jurídica.
Por eso cuando se constata la violación del sentido natural del derecho al otorgar franquicias absurdas a los delincuentes tal los casos de silenciar el nombre e identidad de los encausados penalmente o extender hasta el infinito las garantías para los PPL, abusando de las normas procesales, distorsionando el habeas corpus, rebajando las penas a que son sentenciados por una benevolencia llevada al extremo al concederles la libertad porque han cumplido la mitad del tiempo de reclusión sin tener en cuenta el grado de su peligrosidad, se nos pone en alerta sobre el absurdo, contra toda lógica, de la indulgencia para el infractor de la ley, agravando en contrapunto el peligro inminente de los ciudadanos que la honran en su cabal cumplimiento, desajuste normativo que motiva la exigencia colectiva de recabar la necesaria probidad del juez, del fiscal y del poder público y que se impone por ser un elemental requisito del sistema de justicia.
Si pretendemos un orden justo debemos comenzar por proteger la sana convivencia, educando en valores y de ser del caso, sancionado con el rigor de la ley. (O)
