La Ley de Integridad Pública, aprobada el 24 de junio del 2025 en la Asamblea Nacional, ha despertado el rechazo de los gremios de trabajadores que, se oponen los cambios que se hicieron a la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), por lo que advierten acciones de protesta y la presentación de demandas de inconstitucionalidad.
Dentro de la Ley de Integridad Pública, que tenía como fin combatir la corrupción, se terminó incluyendo reformas a casi 20 cuerpos legales, entre estas 26 modificaciones a la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).
Entre los cambios a la Losep con los que los gremios de trabajadores no están de acuerdo, pues los consideran regresivos de derechos, están las nuevas reglas para acceder a la jubilación, la implementación de una evaluación semestral, el cambio de políticas para los contratos ocasionales y las modificaciones a los requisitos para los despidos.
Un golpe a la estabilidad laboral
Desde el sector público de la Salud, los médicos, enfermeras y profesionales se pronunciaron en contra de esta reforma legal, a la que calificaron como un “golpe devastador” contra la estabilidad laboral de quienes sostienen el sistema de salud.
Carlos Cárdenas, de la Federación Médica Ecuatoriana, expuso que la eliminación del artículo 89 de la Losep, en el que se establecía la exigencia de un sumario administrativo para el despido de un funcionario, deja sin garantía de estabilidad, pues la decisión de cesar a un trabajador se vuelve discrecional y sin derecho a la defensa.
“Con una simple entrevista el jefe inmediato puede determinar que una persona deje el cargo, dónde queda la evaluación profesional, que es lo que debe primar”, afirmó Cárdenas.
El gremio de la salud advirtió que lo aprobado por la Asamblea ha generado “un clima de terror» e incertidumbre sin precedentes entre los trabajadores. «No podemos trabajar bajo la constante amenaza de un despido arbitrario y sin justificación, más aún cuando nuestra labor es crítica y de alto riesgo”, puntualizó.
Cambios en la jubilación
Aunque de forma puntual la reforma no establece cambios en la edad de jubilación de los trabajadores públicos, sí les condiciona que deben tener 65 años, antes eran 60 años, para acceder a la compensación, es decir, que se les pague por su retiro del cargo.
Miguel García, de la Central de Trabajadores del Sector Público, recalcó que este cambio significa un retroceso de derechos y esto cuadra con lo que los directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) han manifestado en más de una ocasión: la intención del Gobierno de aumentar los años de aportación para la jubilación.
Evaluaciones continuas
Cristóbal Buendía, representante de los funcionarios públicos ante el Consejo de Salarios, recalcó que en el sector no les temen a las evaluaciones, que se hacían cada año y ahora serán cada seis meses, sino al tipo de validación que se haga, pues en la norma ni siquiera se especifica las características que tendrá.
“Se deja a la emisión del Reglamento de la Ley la potestad de definir si las evaluaciones serán cuantitativas o cualitativas, ni siquiera se conoce la razón por la que se puede ser cesado en funciones; no nos oponemos a que nos evalúen, pero nos preocupa este tipo de evaluación”, recalcó Buendía.
Miguel García coincide con la preocupación por la evaluación, pues recalcó que, al eliminarse la exigencia del sumario administrativo, el funcionario mal evaluado puede sufrir despido intempestivo, sin que medie el pago de una indemnización.
Trabajadores demandarán la Ley de Integridad
La Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó la primera demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública; su presidente, Andrés Quishpe, señaló que la norma vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente a la jubilación voluntaria.
Desde el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) también se anticipó que presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad; Cristóbal Buendía, representante de loa trabajadores públicos, señaló que se unirá a esta acción frente a la Corte Constitucional.
Entre los gremios coinciden en que la ley es inconstitucional, no solo por el contenido, sino por la forma en que se la aprobó, pues se la incluyó en una ley económica urgente, que no permitió la socialización del contenido.
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, fue consultado sobre estas demandas de inconstitucionalidad y señaló que preparan una estrategia jurídica para defender lo que se aprobó en el Legislativo.
- 635 mil funcionarios públicos tiene el país, de los cuales, 85 mil se encuentran bajo la figura de contrato ocasional, lo que no debería permanecer por más de dos años.
- 11 de julio de 2025, en Quito, se realizará la movilización nacional convocada por la Unión Nacional de Educadores (UNE), en contra de la aprobación de la Ley de Integridad Pública.
