La Unión Nacional de Educadores (UNE) solicitó al Gobierno Nacional declarar en emergencia a todo el sistema educativo del Ecuador, ante la escalada de violencia e inseguridad que amenaza a estudiantes, docentes y comunidades educativas, especialmente en zonas afectadas por la presencia de bandas delictivas.
Patricio González, presidente de la UNE del Azuay, indicó que los derechos de niñas, niños y adolescentes están siendo vulnerados en espacios que deberían ser seguros para el aprendizaje.
“No queremos que los establecimientos educativos se conviertan en refugio o blanco de grupos delincuenciales. Necesitamos prevenir antes de que esta situación se extienda a todo el país” .
Por ello, se exige al Ministerio de Educación diseñar un plan de contingencia a nivel nacional, en coordinación con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Fiscalía. Además instituciones competentes, para frenar la inseguridad que golpea a la región costera.
Además, expresaron su preocupación por el riesgo de que el próximo año lectivo los docentes continúen siendo víctimas de hostigamiento, extorsión y cobro de “vacunas”.
Ingreso a planteles
En relación con la reciente disposición que permite a la Policía Nacional ingresar a los instituciones educativas para ejecutar requisas e investigaciones, el presidente de la UNE del Azuay señaló que no se oponen a estas acciones siempre que exista un proceso coordinado con rectores, autoridades educativas y la Fiscalía.
“Debe haber un protocolo claro que facilite la labor de la fuerza pública, pero siempre bajo conocimiento y participación de las instituciones educativas”, indicó.
Tras una reunión con la ministra de Educación, Alegría Crespo, la UNE planteó la necesidad de articular esfuerzos con todas las entidades responsables de la seguridad, incluyendo la Policía, Fiscalía y la Asamblea Nacional con la Comisión de Seguridad.
“La prioridad es velar por la integridad de los jóvenes en las instituciones educativas”, subrayó.
Alerta
González advirtió que si no se acoge el pedido de declarar en emergencia al sistema educativo, continuarán con acciones de presión que incluyen movilizaciones.
Recordó que existe una resolución conjunta con el Ministerio de Educación para garantizar la seguridad en los planteles. Por ello permanecerán vigilantes de su cumplimiento, no solo en la Costa, sino en todo el país.
La UNE insistió además en la urgencia de contar con un Plan de Seguridad Escolar que cubra los 200 días del año lectivo. Esto para que los docentes que han abandonado el sistema por temor puedan reintegrarse con confianza.
“Los actos de violencia no se detienen. Por eso, la voluntad política del Gobierno es fundamental para actuar con rapidez y proteger a nuestra niñez, juventud, al personal docente y a las familias ecuatorianas”, concluyó la UNE. (I)
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