Cuando el país vive tiempos complejos a causa de las bandas delincuenciales, con categoría de verdaderas organizaciones del crimen, desalienta conocer pormenores del operativo Embestida 32, ejecutado en cuatro provincias por la Fiscalía el viernes 3 de julio de 2025.
Seis policías en servicio activo, otro en servicio pasivo, y tres civiles fueron detenidos por, presuntamente, vender armas, municiones, además de pertrechos policiales como chalecos antibalas y uniformes, a dos grupos delincuenciales.
Varios de los detenidos estaban a cargo del rastrillo, el lugar donde las armas de dotación policial, dizque están seguras.
Otros trabajaban en el Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía.
Los civiles se encargaban de entregar lo robado a las organizaciones criminales.
Inaudito. Inconcebible. Repudiable. Sobran los calificativos para esta banda de delincuencia organizada, germinada dentro de la institución policial.
Este descubrimiento no es el primero; pero es indignante porque ocurrió horas después del asesinato de un policía a manos de delincuentes, y la mayoría se juega la vida en su lucha contra el crimen.
Pero también confirma el otro lado perverso, igual de criminal: los grupos de delincuencia organizada se han infiltrado en casi todas las instituciones del Estado.
Si la ciudadanía tiene poca fe en varios jueces, fiscales, en ciertos políticos y más dirigentes, cómo digerir el rol de los seis policías detenidos, encargados de custodiar armas y municiones, adquiridas por el Estado para apoyar en la tarea de dar seguridad a los ecuatorianos.
¿Cuál será el sentir de los policías, sin importar el rango, al ignorar si entre sus compañeros puede estar el traicionero, el comprado por las mafias, el delator, o sea, un delincuente más?
El caso Depuración Azul, como lo ha llamado la Fiscalía, merece llegar al hilo conductor del delito. No será suficiente darles de baja, sino castigarlos con todo el rigor de ley.
