La Cámara de Minería presentará una demanda de inconstitucionalidad en contra de la tasa minera, que el Gobierno impuso desde el 1 de julio del 2025.
María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara, señaló que de decisión se tomó después de que, por cinco semanas, buscaron acercamientos con el Gobierno, para analizar la medida que, “pondrá en jaque a la industria”.
“Es una tasa minera desproporcionada, que pone en jaque a la industria minera, sobre todo a la etapa de exploración, porque opera por muchos años sin retorno”, señaló Silva.
La directiva señaló que, más allá de las afectaciones inmediatas a las mineras, que llegarán a pagar hasta 150 dólares por hectárea, está el daño a las futuras inversiones, pues afirmó que internacionalmente existe “nerviosismo” por el cambio de las reglas de juego en Ecuador.
«Cinco semanas pidiendo los espacios para sentarnos de manera técnica a hablar de manera técnica a hablar de la tasa, pero no hemos encontrado la apertura, nos hemos visto avocados a presentar una acción de inconstitucionalidad», señaló Silva.
Emilio Suárez, abogado de la Cámara, señaló que con la demanda de inconstitucionalidad se espera que la Corte Constitucional dé prioridad al tema y suspenda la ejecución de la medida, por la que este momento existen coactivas a empresas que no están en capacidad de pagar el que calificó como “nuevo impuesto”.
El abogado explicó que la tasa minera es inconstitucional en el fondo y en la forma, pues viola los principios tributarios de equidad, proporcionalidad, no retroactividad; además es arbitraria y desproporcionada.
“La tasa minera no cumple los requisitos normativos para ser una tasa, debió ser un impuesto y un impuesto debe ser aprobado en la Asamblea Nacional”, señaló el jurista.
La demanda de inconstitucionalidad de la Cámara de Minería se une a tres anteriores que han presentado empresas mineras, para echar abajo una tasa minera con la que el Estado pretender recaudar 229 millones de dólares, que serán empleados en el combate a la minería ilegal.
