El Gobierno se apresta, de un solo tajo, a desvincular por supresión de partidas a cinco mil servidores públicos de la Función Ejecutiva y del área administrativa del IESS.
El anuncio, aunque se lo veía venir, causó remezón entre los burócratas, de por sí ya preocupados porque, además, serán evaluados cada seis meses y de cuyos resultados dependerá si son o no despedidos.
La separación de los cinco mil no incluirá a profesores, militares, policías ni personas en situación vulnerable, tampoco a médicos ni enfermeras.
Según el Gobierno, los servidores a ser desvinculados no cumplían con eficiencia su trabajo. Al contrario, lo obstruían.
En el sector público laboran alrededor de 655.770 personas. Una cifra considerada excesiva. Su crecimiento ocurrió con mayor fuerza durante el Gobierno de Rafael Correa, no siempre por méritos, peor por necesidad.
Respecto del IESS, auditorías revelan la existencia de más de 37 mil empleados. Siempre fue tomado por los diversos Gobiernos como botín político; y, de verdad, su “jungla burocrática”, en unos casos ayuda a engordarla con amigos y parientes, entorpece los trámites de todos los servicios; en otros, no hace nada, y a veces es parte de la corrupción.
El Ejecutivo ofrece abrir nuevas partidas presupuestarias para incorporar a jóvenes al sector público. No se sabe si lo hará para rellenar el número empleados despedidos.
Otra resolución es la reducción de 20 a 14 Ministerios y las Secretarías de 9 a 3.
La fusión será una recarga para los Ministerios de Educación, y de Transporte y Obras Públicas.
Hay fusiones contra naturas. Por ejemplo, la del Ministerio de Ambiente por parte de Energía y Minas. Él mismo se pedirá las licencias ambientales; el mismo se las concederá.
Se ignora si las transferidas quedarán como Subsecretarías y cuál será el rumbo de sus direcciones regionales, más el riesgo de seguir engordando al centralismo.
