Cinco años después, la amarga historia que vivieron miles de empleados públicos en el país se repite. Esta vez, son 5.000 los funcionarios despedidos por un recorte anunciado por el Gobierno a razón del denominado “plan de eficiencia administrativa”.
Exactamente, un 24 de julio de 2020, durante el período presidencial de Lenín Moreno y en plena pandemia, se notificó el despido a trabajadores de empresas como Medios Públicos EP.
En Cuenca, los despidos llegan de manera paulatina desde el jueves.
De hecho, ayer se recomendó a los trabajadores que laboran en el edificio en el que funcionan, al menos, 28 instituciones del Estado en el ex CREA, a permanecer en sus puestos de trabajo y verificar sus correos electrónicos.
Y así fue. Tristeza, preocupación y desazón se evidenció en un edificio que alberga a, al menos, 500 personas.
Cuestionan decisión
Roque Ordóñez, asambleísta del Azuay por la alianza Revolución Ciudadana-RETO), aseguró que los despidos son solo el inicio de varias acciones de un mandato que obedece a los requerimientos de FMI para reducir el tamaño del Estado.
Para el legislador, no existe lógica ni coherencia y lo que se evidencia es una regresión de derechos. Por ejemplo, dijo que una de las peores decisiones consiste en unificar el Ministerio de Energía y Minas con el de Ambiente “cuando el Gobierno es el que promueve la expansión minera”.
También considera grave eliminar el Ministerio de la Mujer. “Qué pasará con las víctimas de femicidio, se reducirán las posibilidades de tener una vivienda y habrá menor protección a niños”, se cuestionó Ordóñez.
Aún anida esperanza en que la Corte Constitucional acepte la acción de protección y detenga la aplicación de la Ley.
Además, anticipó que la reacción será multitudinaria y que será cuestión de tiempo que colectivos y organizaciones sociales se movilicen.
Edison Déleg, secretario general del Sindicato General de Obreros de la Salud del Azuay, comentó que, hasta ayer, de lo que conocía, al menos ocho enfermeras del hospital “Vicente Corral Moscoso” recibieron la notificación de despido.
En este contexto, plantea acciones en Cuenca, tanto como Sindicato y como parte del Frente Unitarios de Trabajadores (FUT). Para Déleg, es lamentable que estas políticas acaben con familias enteras.
El presidente sustenta decisión
El presidente Daniel Noboa, defendió la decisión sobre el despido de los 5.000 funcionarios públicos, indicando que “era necesario sacar a la gente que no está comprometida con el país”.
Esto lo refutó una exfuncionaria de una secretaría que funciona en Cuenca y quien exigió al Gobierno demostrar que su trabajo no fue eficiente.
“No todos somos malos funcionarios, muchos trabajamos con conciencia no pueden meternos en el mismo saco”, cuestionó la exfuncionaria, quien el pasado jueves recibió la notificación de despido.
Hay oficinas que en el edificio del ex CREA quedarán vacías pues despidieron a todos sus funcionarios.
No obstante, secretarías como la Senescyt, informaron que mantendrán “sus proyectos, procesos y servicios ciudadanos”.
No obstante, todavía no se define con claridad la cantidad de funcionarios despedidos por institución.
“Ley está en examen de la Corte Constitucional”
José Chalco Salgado, constitucionalista
El constitucionalista José Chalco Salgado considera que la fusión, traslado y adscripción de ministerios y secretarías debe ser un proceso técnico, coherente y basado en estudios previos que tracen una hoja de ruta.
Si bien la Constitución otorga al Presidente la facultad de crear o eliminar carteras de Estado, esta atribución no ha sido ejercida aún, ya que el Decreto Ejecutivo 60 apenas ordena iniciar la fase de decisión estratégica para reformas institucionales.
Es decir, aún no hay un estudio de planificación en marcha, ni se ha definido un método, plazo o periodo para concretar cambios.
Chalco advierte que no se puede hablar de eliminación inmediata de entidades estatales, ya que legalmente solo se ha iniciado una fase de análisis.
Sin embargo, el Ejecutivo ha mezclado este proceso con la supresión de 5.000 cargos públicos, basada en el Reglamento de la Ley de Integridad Pública.
Esta norma, actualmente bajo revisión de la Corte Constitucional, ya genera efectos jurídicos, pese a que su constitucionalidad está en duda.
Según Chalco, esta situación genera tensión entre la rapidez del Ejecutivo y la seguridad jurídica.
La Corte Constitucional tiene la responsabilidad de evaluar esta ley, y sus jueces deben responder con base en sus decisiones.
Por ello, Chalco subraya que confiar en la Corte es un deber ético y jurídico.
Actualmente, la Corte ha otorgado 15 días a la Asamblea y otras entidades para pronunciarse. Luego, un juez elaborará un proyecto de sentencia que será revisado por otros magistrados.
Así, el proceso tomará al menos dos meses.
Reacciones tras los despidos
Martín Sánchez, director Casa de la Cultura-Azuay
“No es eficiente fusionar cuatro entidades sumamente grandes que, en competencias, pueden parecer similares, pero, que son absolutamente distintas. ¿Cómo se puede absorber otras entidades como patrimonio, educación, deporte y la Senescyt si no se alcanza ni con la una? Para mi no es una decisión técnica adecuada. Creo que más bien estamos precarizando los servicios culturales”.
Gerardo Machado, asambleísta por el Azuay (RC-RETO)
“¿Qué va a pasar con 5.000 padres de familia sin trabajo? Y es solo el inicio porque decenas de miles de personas se quedarán sin trabajo. ¿Qué va a pasar con el medio ambiente? ¿Qué va a pasar con el deporte? ¿Qué va a pasar con el país de aquí a pocos meses? La eficiencia del Estado no funciona con despedir a trabajadores, sino con dar una vida digna a los ecuatorianos”.
Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas
“Ya articulamos proyectos con las otras entidades. Nosotros garantizamos que los planes de Gobierno y los temas institucionales como del MIDUVI y del resto de instituciones, se van a mantener. Con la Secretaría de Inversiones Público-Privadas se tiene una serie de proyecto viales y ahora serán más eficientes porque se fusiona con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas”.
Ivonne Nuñez, ministra de Trabajo
“Cuando existe la voluntad, el deseo, la entereza y la firmeza para enfrentarlo tomamos decisiones. El Ministerio de Trabajo, por disposición normativa, tiene que hacer la reestructuración de los ministerios que pasan ahora a ser fusionados. Eso lo establece la ley y el ministerio lo tendrá que realizar de manera inmediata. Tenemos que seguir construyendo la historia del nuevo Ecuador y hacerlo de manera legal”.
Datos:
- El “plan de eficiencia administrativa” fue adoptada por el Gobierno mediante el Decreto Ejecutivo No. 60.
- Según el Gobierno, con el despido de 5.000 funcionarios se optimiza el Estado en un 40 %.
